En más o menos dos semanas la Presidencia de la República dará a conocer la propuesta de Reforma Electoral que habrá de configurar las elecciones intermedias del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas incluida la de San Luis Potosí y de los más de mil 700 cargos de elección popular, donde destaca por su importancia de los 500 escaños, 300 de ellos de Mayoría Relativa y 200 de Representación Proporcional (plurinominales) que conforman toda la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
En este contexto de las “superelecciones” del año que entra, la coalición “Sigamos haciendo historia” que conforman Morena, PVEM y PT y que en 2024 consiguieron la mayoría calificada que permitió al lopezobradorismo y ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum concretar sus reformas, se encuentra en serio peligro de regresar a ser una mayoría relativa.
El gran reto de la oposición es ése. Para ello, han comenzado a propagarse versiones de encuentros al más alto nivel entre las dirigencias nacionales del PAN, PRI y de Movimiento Ciudadano (MC) para perfila un bloque opositor poderoso que incluso pudiera darse no únicamente en el ámbito federal sino también en algunas de las 17 gubernaturas, en una especie de experimento electoral para, en caso de tener éxito, buscar en el 2030 ganar la Presidencia de la República y terminar con dos sexenios de la autollamada Cuarta Transformación.
Este bloque opositor en ciernes puso nerviosos a los operadores de la Presidencia de la República al grado tal que la titular de la Secretaría de Gobernación, la potosina Rosa Icela Rodríguez Velázquez, apuró a una reunión con las cúpulas del PVEM y del PT para dar un mensaje de unidad y poderío a la oposición.
Sin embargo, para muchos el riesgo de perder la Cámara Baja está latente. No sólo por los escándalos de corrupción que han bañado en los años recientes a la ex familia presidencial, de nepotismo, contratos amañados y enriquecimiento inexplicable de funcionarios federales de primer nivel el desfalco de más de 15 mil millones en Segalmex, entre otros, sino a la peor calificación en la percepción de corrupción al desbarrancarse al sitio 140 de 180 países.
Esta percepción ciudadana pudiera cobrarle a la cuatroté que pierdan el crucial control de la Cámara de Diputados y parta de la configuración electoral en el país de cara a la madre de todas las batallas en el 2030.
Los “duros” de Morena, más allá de sus narrativas triunfalistas y sus estrategias, como en San Luis Potosí, de posicionarse únicamente en redes sociales digitales como una fuerza política electoral arrasadora, deberá ser sometida a la autocrítica y el contraste con la realidad, sí, esa realidad que les abofeteó la cara en sus asambleas de apoyo a la “soberanía” del país de hace unas semanas, donde lo que menos se vio fue al pueblo en incondicional apoyo y en cambio, en su mayoría, dirigentes partidistas, políticos y muy pocos usuarios de la tercera edad beneficiarios de los programas sociales.
Hoy, más que nunca, Morena debe entender que sin el apoyo de los liderazgos del PVEM y del PT, el triunfo que tanto cacarean es cuestionable ante un posible bloque opositor PAN-PRI-MC, así se los ha hecho saber Rosa Icela y más vale que lo entiendan.
Hologramas
EN CAPILLA.- La Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) en breve dará a conocer el resultado final del proceso de Liquidación de los partidos políticos locales que en 2024 perdieron el registro al no obtener el 3 por ciento de la votación emitida. De acuerdo con informes preliminares a los que tuvimos acceso, los Partidos Movimiento Laborista San Luis Potosí, Encuentro Solidario San Luis Potosí y Conciencia Popular que ya pasaron por las etapas de Prevención y está por concluir la de Liquidación, enfrentan graves irregularidades documentadas por los interventores designados por el Organismo Público Local Electoral que van desde vehículos comprados con prerrogativas y destinados al uso de personas particulares o no reportados en su inventario, nóminas “infladas” con trabajadores y trabajadoras “fantasmas”, hasta desvío de recursos públicos a cuentas bancarias particulares. Por fin la justicia pudiera llegar a estos parásitos que en el caso de Conciencia Popular hicieron de las prerrogativas y posiciones en el Congreso del Estado una “Conciencia familia”.