La fiscalía española resolvió archivar la denuncia por presuntos delitos sexuales y trata de personas presentada contra Julio Iglesias, al concluir que los tribunales de España no tienen jurisdicción para investigar hechos ocurridos fuera de su territorio. La decisión se basa en que los señalamientos apuntan a sucesos presuntamente cometidos en la República Dominicana y las Bahamas.

De acuerdo con el Ministerio Público, no es posible abrir una investigación debido a la falta de competencia legal, ya que las denunciantes son extranjeras, no residen en España y los hechos denunciados no ocurrieron en suelo español. Además, el propio cantante tampoco tiene residencia en el país, lo que refuerza la imposibilidad jurídica de avanzar con el caso.

La denuncia fue presentada el cinco de enero por dos exempleadas del artista, quienes señalaron haber sido víctimas de vejaciones, acoso sexual y abuso de poder. Una de ellas relató públicamente presuntas agresiones sexuales no consentidas, hechos que, según investigaciones periodísticas, habrían ocurrido en dos de las residencias del cantante durante dos mil veintiuno.

Julio Iglesias, de ochenta y dos años, negó las acusaciones y solicitó formalmente el archivo del expediente, petición que finalmente fue aceptada por la fiscalía. El organismo subrayó que corresponde a las autoridades de los países donde habrían ocurrido los hechos determinar si procede o no una investigación judicial.