En el Informe individual de resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024 al municipio de San Luis Potosí que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) presentó a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, en el Dictamen final no solamente ubica a la administración de Enrique Galindo Ceballos como negativa y deficiente en la aplicación de los recursos públicos, sino que en los 446 millones 010 mil 998.28 pesos del monto del Pliego de Observaciones a solventar salen a relucir prácticas de presunta corrupción como el uso de empresas fantasma para facturar, así como el cochinero en el que se ha convertido la Dirección de Comunicación Social.

Las irregularidades detectadas por el IFSE a la Dirección Municipal a cargo de Eduardo Marceleño Alonso no solamente presumen un daño al patrimonio de las y los capitalinos por más de 83 millones de pesos solamente durante el ejercicio fiscal 2024, sino que pudieran constituirse en delitos electorales que traerían consigo sanciones administrativas, pero también, quizá, la inhabilitación a participar en su ansiada candidatura en el 2027 al ex comisionado nacional de la extinta Policía Federal en el sexenio del priista Enrique peña Nieto.

Por ejemplo, no justificaron egresos por 39 millones 240 mil 916.84 pesos por la contratación de servicios de publicidad en periodo de inicio de proceso electoral, precampaña y veda electoral, duplicidad de funciones de la Dirección de Comunicación Social en la creación y diseño de publicidad, audios y videos en las campañas “Sigue Posible”, “Ahora es Posible”, “San Luis Amable” y “San Luis Capital”. 

Durante el proceso de auditoría, el gobierno de Enrique Galindo manifestó páginas del Acuerdo del Consejo General del INE que corresponden al estado de Aguascalientes, además que lo argumentado no coincide con lo establecido en el contrato en específico en cláusulas.

Mencionaron que no se tiene un diseño previamente establecido cuando según información proporcionada en la auditoría de campo por personal de la Dirección de Comunicación Social ellos mismos en el área realizan los diseños y los proporcionan a los medios para su difusión por lo que se considera que en el contrato no solo se habla de la de la difusión de la publicidad, sino también de la elaboración de contenido por parte de los diferentes medios de comunicación considerado una duplicidad de funciones entre los medios de comunicación y la Dirección de Comunicación del Municipio.

Inicialmente, La Dirección a cargo de Eduardo Marceleño Alonso no justificó egresos por un total 48 millones 064 mil 545.05 pesos por el gasto de publicidad diferente a la estipulada en los contratos, no detallaron en los mismos la publicidad que fue contratada; así mismo, la clave del producto y/o servicios no coinciden con la actividad realizada, existe diferencia de los reportes del proveedor con el precio establecido en el anexo único del contrato, por lo que luego de las respuestas de aclaración, finalmente, el IFSE presume un daño a la Hacienda Municipal por 44 millones 423 mil 925 pesos por no presentar documentación y argumentos que justifiquen la duplicidad de funciones, constancias de situación fiscal, así como tampoco evidencia del destino del gasto.

Durante su comparecencia ante la Comisión Legislativa de Vigilancia, el titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López señaló que el uso de factureras fue una constante detectada en las auditorías a los 112 entes auditables, principalmente en los gobiernos municipales. En el Informe Individualizado a la Cuenta Pública 2024 del gobierno de Enrique Galindo, especifica que en la compra por 964 mil 888.33 pesos de lectores, bolsas de basura, materiales de limpieza, cable, bombillas y tubos led, material eléctrico y ferretero, material de construcción, aceite de motor, rodillos, no justificó por qué fueron adquiridos para servicio y alimentación de aves, pero lo más grave es que los auditores de campo del IFSE en visita física domiciliaria a la dirección fiscal del proveedor constataron que el local no contiene las características para suministrar los productos y servicios contratados y que no cuenta con energía eléctrica. 

También encontraron probable daño por un millón 575 mil 222 pesos en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) que encabeza Estela Arriaga por la compra de material eléctrico, material de ferretería, plomaría, material de limpieza, compra de productos alimenticios y material de construcción, ya que el proveedor no fue localizado en su domicilio fiscal. 

En general, el IFSE realizó compulsa por correo postal certificado con personas físicas y morales que fungen como proveedores del Ayuntamiento de la capital y al no recibir respuesta realizó promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal para que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) les requiera el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.