La modernización de la carretera 63 representa, sin duda, uno de los proyectos de infraestructura más relevantes en la región en los últimos años. El tramo Ahualulco–Zacatecas fue intervenido por el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, con la construcción de una vía de cuatro carriles que vino a transformar la movilidad y, sobre todo, a elevar las condiciones de seguridad para miles de automovilistas que transitan diariamente por esa rúa.
Durante años, ese tramo carretero fue escenario constante de accidentes, muchos de ellos derivados de lo angosto de la vía y de las maniobras riesgosas para rebasar. La ampliación no solo redujo tiempos de traslado hacia distintos destinos, sino que también atendió una problemática histórica que administraciones anteriores dejaron en el abandono. Fue un proyecto desempolvado y ejecutado con visión de largo plazo.

Sin embargo, lo que parecía un avance sustancial en materia de infraestructura y seguridad vial se ha visto empañado por decisiones municipales que generan preocupación. El Ayuntamiento de Ahualulco, encabezado por Federico Monsivais Rojas, colocó de manera unilateral cuatro tramos de topes sobre la recién modernizada carretera, bajo el argumento de reducir la velocidad de los vehículos.

El problema no es la intención de regular la circulación, sino la forma. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Estatal y Federal, la instalación de reductores de velocidad debe cumplir con normas técnicas específicas, contar con señalización visible y no colocarse de manera improvisada. Los topes irregulares, además de ilegales, representan un riesgo real para conductores, motociclistas y transportistas.
Un obstáculo mal diseñado puede provocar que el automovilista frene intempestivamente o intente esquivarlo, generando maniobras peligrosas que incrementan el riesgo de colisiones. Paradójicamente, una vía que fue modernizada para disminuir accidentes podría convertirse en escenario de nuevos percances por decisiones carentes de sustento técnico.

Más preocupante aún es que, en caso de registrarse un accidente derivado de estos reductores irregulares, la responsabilidad recaería en la autoridad que ordenó su instalación. En lugar de optar por medidas improvisadas, el municipio pudo gestionar alternativas viables y seguras, como la construcción de un puente peatonal o la implementación de señalización preventiva adecuada.

El llamado no es menor. También en otros municipios por donde cruza la carretera 63, como Moctezuma y Villa de Arista, sus autoridades deben actuar con prudencia y asesoría técnica antes de intervenir una obra estatal recién concluida. Modernizar implica avanzar, no retroceder.

Las carreteras se construyen para salvar vidas, no para ponerlas en riesgo. La coordinación entre niveles de gobierno y el respeto a la normativa son indispensables para que las obras públicas cumplan su verdadero propósito: brindar seguridad y desarrollo a la ciudad.