La reforma electoral que se cocina en Palacio Nacional esta a punto de llegar a su tiempo limite de cocción es decir si se trata de un platillo pareciera ser que esta a nada de cocinarse con lo que aparenta ser una reingeniería profunda del sistema político, pero que en el fondo plantea una receta que pudiera parecer muy buena por fuera pero que no a terminado de cocerse y es que aun sin datos ha circulado un borrador que es el único antecedente del que conocemos que prepara la presidencia de la república.

De entrada el borrador plantea cambios en la integración del Congreso, el financiamiento de los partidos, la estructura del árbitro electoral y hasta en las reglas de la consulta popular y es que no es nada nuevo que bajo la bandera de la austeridad y la “simplificación”, la iniciativa promete ahorros millonarios y menos burocracia. Pero cuando se ahonda en la descripción de la reforma salen a flote varios detalles interesantes que valen la pena analizar a semanas de la propuesta oficial.

El rediseño del Congreso es uno de los puntos más delicados según el borrador en donde se plantea que la Cámara de Diputados pasaría a tener 508 integrantes: 300 de mayoría relativa, 200 plurinominales y ocho espacios indefinidos aun algo que el propio Monreal ha salido a desmentir a pesar de señalar que aprobaran la reforma como venga, en el caso del Senado se reduciría a 96 escaños, eliminando los 32 de representación proporcional borrando de un plumazo a los pluris federales es decir los que emanan de la lista de los partidos, es decir, se suprime la vía que ha permitido la presencia de fuerzas minoritarias en la Cámara alta.

La pregunta obligada es: ¿se fortalece la gobernabilidad o se debilita la pluralidad? La representación proporcional no es un capricho; fue una respuesta histórica a mayorías aplastantes que dejaban sin voz a millones. Reducirla puede sonar eficiente, pero también puede traducirse en un Congreso menos diverso y más alineado al partido dominante.

En paralelo, se plantea una reducción del 25% al financiamiento ordinario de los partidos, calculado con base en los votos obtenidos y no en el padrón. El discurso es atractivo: menos dinero público para la política. Sin embargo, el efecto puede ser contradictorio. Para partidos pequeños como el PT y el PVEM las prerrogativas son su oxígeno. Sin ellas, su operación territorial se vuelve inviable. 

Por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: “No tiene caso una reforma electoral desdibujada”. El mensaje tiene destinatarios precisos dentro de su propia coalición. Pero más allá de la pugna política, hay un riesgo estructural: reducir recursos sin fortalecer la fiscalización puede incentivar la entrada de dinero privado opaco.

El llamado “machetazo” al Instituto Nacional Electoral (INE) va en esa dirección. El Consejo General pasaría de 11 a 9 integrantes con periodos de nueve años. Se reducirían juntas locales y distritales, la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Unidad Técnica de Vinculación. Además, los OPLE tendrían un máximo de cinco consejeros: tres designados por el Senado y dos por la CNDH algo que no tiene sentido ni justificación al ser un órgano que se dedica a otras ramas de la administración publica algo ocioso desde mi punto de vista.

 La compleja arquitectura electoral mexicana no surgió por exceso burocrático, sino como antídoto a la desconfianza histórica.

En materia de fiscalización, el INE estaría obligado a reportar actividades sospechosas al SAT, la CNBV y la CNSF, al tiempo que se “prohíbe el uso de recursos ilícitos”. La ironía es evidente: la prohibición ya existe. El problema no es normativo, sino de eficacia. La coordinación interinstitucional puede ayudar, pero si al mismo tiempo se reducen capacidades técnicas y presupuestales, el efecto puede ser más simbólico que real.

El recorte presupuestal promete un ahorro de casi 5,895 millones de pesos en años no electorales. La cifra impresiona. Pero el ahorro en democracia no siempre es virtud. Las elecciones en México movilizan a cientos de miles de ciudadanos y requieren logística nacional. Reducir estructuras permanentes puede comprometer la organización en años clave. Lo barato puede salir caro si se erosiona la confianza.

Otro punto controvertido es la elección por voto popular de magistrados electorales locales. La idea de “democratizar” los tribunales puede sonar atractiva, pero judicializar las campañas puede convertir a los árbitros en actores políticos. La imparcialidad no siempre se logra con urnas; a veces requiere perfiles técnicos blindados de la contienda.

En comunicación política, los tiempos oficiales se reducirían de 48 a 35 minutos diarios bendito sea aunque el tema no es el tiempo sino la repartición. Puede parecer un ajuste menor, pero impacta en la equidad del acceso a medios, sobre todo para fuerzas con menos recursos. Y en consulta popular, se propone unificarla con la jornada electoral, eliminar la prohibición de consultar temas electorales y bajar el umbral de participación vinculante de 40% a 33%. Esto abre la puerta a consultas coincidentes con campañas intensas, donde la línea entre deliberación y propaganda puede diluirse.

Las negociaciones encabezadas por la Secretaría de Gobernación, bajo la conducción de Rosa Icela Rodríguez, han atravesado semanas críticas. El PT y el PVEM resisten los cambios que afectan directamente su supervivencia política. La presidenta ha dejado claro que presentará su iniciativa con o sin consenso. El dilema es complejo: ceder puede diluir la reforma; imponerla puede fracturar la coalición.

Pero más allá de las pugnas internas, el debate de fondo es otro. Las reglas del juego democrático no deberían cambiarse con mayoría simple ni con lógica de coyuntura. Requieren amplios consensos, diagnósticos técnicos y una visión de largo plazo. La democracia mexicana ha sido costosa en recursos y en conflictos. Cada candado institucional fue producto de crisis pasadas. Desmantelarlos exige algo más que voluntad política y cifras de ahorro.

Una reforma electoral puede ser necesaria. Pero no cualquier reforma fortalece la democracia. Si el resultado es menos pluralidad, un árbitro más débil y reglas susceptibles a mayorías coyunturales, el precio institucional puede ser alto. La pregunta no es cuánto se ahorra, sino cuánto se arriesga. Porque en política, como en arquitectura, es más fácil demoler que construir. Y reconstruir la confianza ciudadana puede costar mucho más que 5,895 millones de pesos.