Ni el “¡Nos están matando!” por parte de empleados municipales y sus familias que claman servicio médico luego que privatizó el sistema de atención, ni el estado lamentable de la viuda de un ex trabajador de Parques y Jardines que murió pensionado, que es adulta mayor en silla de ruedas con osteoartritis, osteoporosis y escoliosis dorsal, pero que sigue sin recibir el beneficio ganado por su esposo y, lo más lamentable, sin atención  médica, trastocan el cinismo y la mitomanía que caracterizan al presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, quien una vez más muestra su verdadera cara de violador de derechos humanos, como lo acreditó también en su paso como comisario nacional de la extinta Policía Federal en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

En el primero de los atropellos, en entrevista con medios de comunicación al ser cuestionado en torno al cambio de esquema en los servicios médicos y las quejas recurrentes por la falta de atención, Galindo aseveró: “Todo esto está documentado, está firmado, hubo una licitación pública… yo soy de puertas abiertas, ahí está el contrato si lo quieren analizar”; sin embargo, al revisar los documentos publicados sobre la licitación “MSLP-04-2026 Seguro de gastos médicos mayores y primer contacto”, al intentar consultar el Acta de Presentación de Propuesta la plataforma institucional responde con un: “Acceso Prohibido”, tampoco aparece el Fallo del Comité ni mucho menos algún contrato.

Al insistir en el tema, Galindo declaró: “Fue una medida que beneficia enormemente a los trabajadores municipales. Luego, pues hay quien le gusta echar un poquito de grilla”.

Por otro lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 11/2025 a Enrique Galindo por dilación en el procedimiento administrativo de otorgamiento de pensiones y por acciones que impiden el acceso a los servicios de seguridad social, en perjuicio de la familia de un ex empleado fallecido y de dos en activo aunque imposibilitados físicamente.

De acuerdo a la Recomendación que señala como autoridades responsables a la Comisión Permanente de Pensiones y Asuntos Laborales, así como a la Dirección de Recursos Humanos, ambas del Ayuntamiento de San Luis Potosí que preside Enrique Galindo, en la primera de las quejas que recibió la CEDH refiere que tras 30 años como jardinero obtuvo su pensión, pero lamentablemente en 2022 murió, por lo que su viuda obtuvo resolución a su favor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para obtener la radicación del pago de la pensión por viudez; sin embargo, pese a que desde 2024 la administración municipal galindista le ratificó el auto de radicación, postrada por las enfermedades que padece sigue en espera del pago de la pensión de su esposo finado, según la investigación de la CEDH. 

Otra queja que dio pie a la Recomendación es la de un empleado de la Dirección Municipal de Ecología quien desde agosto del 2019 presentó ante la Dirección de Recursos Humanos solicitud de Pensión por edad avanzada y hasta el 2022, mediante una llamada telefónica, la administración de Galindo le contestó que tenía que hacerlo a través de su sindicato y así lo hizo, pero la CEDH concluye que aún no recibe el beneficio.

La tercera queja que da sustento a la Recomendación 11/25 de finales del año pasado dirigida a Enrique Francisco Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, es la presentada por una enfermera adulta mayor con secuelas de un accidente laboral, quien desde mayo del 2022 ingresó solicitud de Pensión por edad avanzada, pero tampoco ha recibido el beneficio.

En la Recomendación firmada por la presidenta de la CEDH, Giovanna Itzel Argüelles Moreno insta al gobierno municipal de Enrique Galindo a que como parte de la reparación el daño de manera integral las tres personas quejosas sean inscritas en el Registro Estatal de Víctimas; que los mandos medios y superiores de la Comisión Permanente de Pensiones y Asuntos Laborales, así como de la Dirección de Recursos Humanos, reciban un curso de capacitación de 16 horas sobre “El derecho humano a la seguridad jurídica, derecho humano a la seguridad social con perspectiva de personas adultas mayores”; que el Órgano Interno de Control inicie procedimientos administrativos sancionatorios a las y los responsables de las violaciones a derechos humanos plasmados en la Recomendación; que a la brevedad sean dictaminados los tres expedientes de solicitud de pensión.

Pese a ello, el pasado jueves Enrique Galindo organizó una comelitona por el Día del Jubilado donde nuevamente presumió la justicia laboral, inexistente durante su administración.