El problema de las instituciones públicas no es de vulnerabilidad si, cada año, el 8 de marzo sabemos que algo programado va a pasar. El amurallamiento no ha funcionado; por el contrario, solo ha agudizado la separación entre la guerra y el alto al fuego. Su defecto elemental es una terrible estrategia de comunicación, lo que convierte a sus establecimientos en ofendidos de una expresión rebelde. Aquí la lección no aprendida se cobra al doble.
La iconoclasia ha sido el intérprete de un silencio ahogado que, en los últimos años, se instaló como un símbolo de crítica contra estructuras burocráticas, corruptas e impunes. Es necesaria porque, como dijeron los familiares de víctimas de feminicidio, evidencia una contradicción: que el Estado no procura la seguridad de las mujeres como invierte recursos en “blindar” la fachada de sus edificios.
Este domingo, durante la movilización del Día Internacional de la Mujer, los portales de noticias en San Luis Potosí escribieron sus crónicas con palabras poéticas: “las calles claman justicia”. Pero el lunes 9 de marzo, las palabras “pintas” y “destrozos” cambiaron el sentido del mensaje hacia saldos y daños. Hemos sobreexplotado la fuerza de esta anarquía como acto político y la transformamos en entretenimiento para el morbo.
La audiencia en la capital potosina espera que cada año las puertas ardan en llamas, se rompan ventanas, que rueden lágrimas y se vierta un poco de sangre. Esto, que alguna vez fue un espejo disruptivo, cada vez se parece más a uno empañado. Mientras la autoridad se esconde detrás de sus cómodas rejas.
¿Entonces cuál es la alternativa? ¿Acceder a la permisibilidad de que el bloque negro cruce el umbral? No. La conciliación es más compleja que una conversación sobre puertas. Abrirlas de par en par no significa, literalmente, querer mantener un estado de destrucción.
Con un arrepentimiento sincero llega el perdón y, de él, nacerá la paz. Pero la paz no puede florecer sin una reparación del daño. Sean estos valores predicados por los políticos o en el nombre de Dios, la realidad es indistinta. En esta ciudad acumulamos una gran deuda con las víctimas gracias al encubrimiento. Basta con mencionar a Eduardo Córdova Bautista o lo que pasó en la Facultad de Derecho en 2025 para saber que no se ha hecho justicia.
Para las parroquias potosinas, en particular este domingo, no fue día de eucaristía sino de penitencia. Porque es conocido que cosas atroces han sucedido en las narices de la Iglesia, que —recordemos— la conforman las personas, no sus edificios. El problema de las parroquias es de comunicación y humildad; lo hablo desde el gusanito comunicólogo que maneja la crisis de imagen: blindar más las iglesias no pacifica la furia contra la impunidad. Tal vez un acercamiento real lo habría hecho menos objeto de la iconoclasia.
Pero en esta columna no escribiré sobre lo que es correcto o no de hacer; como católica sé que eso no me compete señalarlo al otro. Pero sí hablaré de libertades: como mujeres, tenemos la libertad de enfurecernos, de indignarnos y de manifestarnos ante la impunidad. Asimismo, quienes son devotas tienen la libertad de buscar consuelo en un templo. Ninguna es menos libre que la otra, ni tampoco menos sensata. Lo que sí pueden llegar a ser es indiferentes, crueles con el sentir de la otra.
No señalo pecados, pero sí resalto los quiebres del diálogo. No podemos decir “son solo objetos”. A diferencia de un monumento histórico, una figura religiosa puede ser un canal de desahogo para las penas y las esperanzas de quien enfrenta una situación difícil. Tampoco se puede decir que “no son las formas”, porque ¿qué formas hay para que ni usted ni yo tengamos que morir mañana?
La solución para que una autoridad aprenda su lección no tiene que ver con una preparación. Cuando la revolución tiene que tocar —o romper— una puerta es porque ya la esperan, y entonces esa batalla pierde su carácter. La altura de una muralla es proporcional al tamaño de un ego y, para las instituciones, admitir que cometieron errores les cuesta más que pagar nuevas ventanas y nuevos candados para sus fachadas. El Edificio Central, la Fiscalía General del Estado, el Congreso del Estado y Palacio de Gobierno no escuchan: se resguardan.
