El llamado Plan B de la reforma electoral se presenta como una cruzada por la austeridad y la eficiencia. Sin embargo, detrás de esa narrativa se asoma una pregunta mucho más inquietante: ¿se está respetando realmente la autonomía de los estados o se está utilizando el argumento del ahorro para redibujar el equilibrio del federalismo mexicano? la primera señal de alerta no está en el contenido de la reforma, sino en su origen.
La opacidad ha sido una constante en los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, y este caso no es la excepción.
Durante meses, el país desconoció los detalles de cambios que afectan directamente los derechos político-electorales de millones de ciudadanos. El proceso de deliberación fue sustituido por simulaciones de consulta y decisiones tomadas en espacios cerrados, sin la participación efectiva de la oposición, especialistas o la sociedad civil. En los sistemas democráticos, la forma importa tanto como el fondo, y aquí ambas fallan.
Tras el fracaso del Plan A, el nuevo paquete de reformas evitó tocar intereses sensibles para los aliados del oficialismo, como la reducción de curules o el financiamiento a partidos. El viraje es evidente: el foco ahora está en lo local. Congresos estatales, ayuntamientos, organismos electorales y tribunales locales se convierten en el blanco de una política de recortes que, en apariencia, busca eliminar privilegios, pero que en el fondo plantea una redefinición del pacto federal.
Aquí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve constitucional. México no es al menos en teoría un Estado centralista. El artículo 40 de la Constitución establece con claridad que somos una república federal, compuesta por estados libres y soberanos en su régimen interior. Esto implica que cada entidad tiene la facultad de organizar su vida política, administrativa y presupuestal. Imponer desde el centro un tope del 0.70% al gasto de los congresos locales no es una medida menor: es una intromisión directa en la capacidad de decisión de los estados.
El argumento del ahorro cuatro mil millones de pesos anuales, según el gobierno resulta, además, cuestionable. No solo es marginal frente a otros problemas estructurales de corrupción o evasión fiscal, sino que parece selectivo. Mientras se ajusta el gasto en instituciones locales y se limitan salarios de funcionarios electorales, el financiamiento público a los partidos políticos permanece intacto. Es decir, se aprieta donde hay menor costo político y se protege donde existen equilibrios de poder que no conviene alterar.
Esta selectividad debilita la credibilidad del discurso de austeridad. Si el objetivo fuera realmente racionalizar el gasto, la reforma no dejaría fuera uno de los rubros más onerosos del sistema electoral: los recursos a partidos, que superan los siete mil millones de pesos. En cambio, el recorte se dirige a actores que, en muchos casos, funcionan como contrapesos locales frente al poder federal.
Más preocupante aún es el rediseño de la revocación de mandato. Permitir que este mecanismo coincida con elecciones intermedias y que el titular del Ejecutivo pueda promover la participación introduce un riesgo evidente de uso electoral. La figura, concebida originalmente como un instrumento de control ciudadano, podría convertirse en una herramienta de movilización política a favor del partido en el poder. No se trata de una hipótesis lejana, sino de una posibilidad advertida por exconsejeros electorales y especialistas.
En este contexto, la pregunta sobre la autonomía estatal cobra mayor relevancia. No es solo el presupuesto de los congresos locales o la reducción de regidores lo que está en juego, sino la capacidad de los estados para definir sus propias reglas de representación y gobierno. La centralización no siempre se presenta como una imposición explícita; a veces se construye mediante ajustes normativos que, poco a poco, limitan los márgenes de decisión local.
Incluso en términos jurídicos, la reforma enfrenta obstáculos significativos. Al modificar aspectos relacionados con la organización interna de los estados, requiere no solo mayoría calificada en el Congreso de la Unión, sino también la aprobación de al menos 17 congresos locales. Paradójicamente, esos mismos órganos que verían reducida su autonomía tendrían que avalar los cambios. Esto abre un escenario de tensiones políticas donde la disciplina partidista podría imponerse sobre la defensa del federalismo.
A ello se suma otro elemento delicado: el posible debilitamiento de principios como la paridad de género en el ámbito municipal. Si bien podría tratarse de un error técnico, como han señalado algunas voces, el simple hecho de que se ponga en riesgo una conquista constitucional evidencia la prisa y la falta de rigor con la que se ha construido la iniciativa.
En suma, el Plan B no parece ser únicamente una reforma administrativa orientada al ahorro. Es, más bien, un intento de reconfigurar las relaciones entre el poder federal y los estados, utilizando la austeridad como argumento legitimador. La pregunta de fondo no es si se deben reducir gastos o eliminar privilegios objetivos en sí mismos válidos, sino quién decide cómo hacerlo y con qué límites.
¿Se respeta la autonomía de los estados? La evidencia apunta a que no del todo. Cuando desde el centro se fijan techos presupuestales, se redefinen estructuras locales y se condiciona el funcionamiento de instituciones estatales, el federalismo se vuelve más formal que real. Y en una democracia, esa diferencia no es menor: es la distancia entre un sistema de equilibrios y uno de concentración de poder.
El debate, por tanto, no debería quedarse en cifras de ahorro o en disputas partidistas. Lo se pretende cambiar es el modelo de Estado que queremos: uno donde las entidades federativas conserven su capacidad de autogobierno, o uno donde las decisiones clave se tomen cada vez más lejos de lo local. El Plan B, tal como está planteado, parece inclinar la balanza hacia lo segundo.
