El diputado Héctor Serrano Cortés respaldó la propuesta de establecer un pacto de civilidad entre las fuerzas políticas en San Luis Potosí, con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado, libre de descalificaciones y enfocado en la participación ciudadana de cara a los comicios de 2027.

El legislador consideró que la iniciativa impulsada por el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, permitirá evitar prácticas como las campañas negras o el uso indebido de herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, para desacreditar a adversarios políticos.

Señaló que este tipo de conductas afectan la esencia de los procesos democráticos, por lo que subrayó la importancia de privilegiar el respeto entre actores políticos y promover una contienda basada en propuestas. En este sentido, confió en que los distintos partidos aceptarán sumarse a este acuerdo para mantener un ambiente de armonía durante el proceso electoral.

Serrano Cortés afirmó que la gobernabilidad en la entidad se mantiene estable, lo que, dijo, se ha reflejado en la capacidad de respuesta ante situaciones de seguridad registradas en otras regiones del país, sin que San Luis Potosí haya enfrentado escenarios similares.

En relación con la próxima reforma electoral local, el diputado planteó la necesidad de incorporar mecanismos que fortalezcan la confianza en los procesos, particularmente para evitar la participación de personas con posibles vínculos delictivos. Entre las medidas propuestas mencionó la aplicación de exámenes de control y confianza, como pruebas toxicológicas y evaluaciones adicionales para quienes aspiren a cargos de elección popular.

El legislador destacó que un proceso electoral transparente y en paz es fundamental para incentivar la participación ciudadana, al tiempo que reiteró que la democracia se fortalece cuando las elecciones se desarrollan en un entorno de respeto y legalidad.

Finalmente, expresó que el pacto de civilidad podría consolidarse en los próximos meses, con el respaldo de autoridades y partidos políticos, como una herramienta clave para asegurar elecciones confiables y sin conflictos en el estado.