La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad la minuta de reforma constitucional en materia de feminicidio, enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el propósito de avanzar hacia una legislación más uniforme en todo el país.

El dictamen contempla modificaciones al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se otorgarían facultades al Congreso de la Unión para emitir una ley general que establezca un tipo penal homogéneo en materia de feminicidio, así como criterios claros para su investigación, sanción y tipificación.

El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que esta reforma permitirá fortalecer la coordinación entre autoridades de los distintos niveles de gobierno, además de garantizar mayor acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Uno de los principales objetivos es eliminar las diferencias que actualmente existen entre las entidades federativas en la forma en que se investiga y sanciona este delito, ya que dichas variaciones han generado vacíos legales y altos niveles de impunidad.

La iniciativa también contempla la atención integral a víctimas indirectas, particularmente niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad tras un feminicidio, con el fin de brindarles acompañamiento y protección institucional.

Datos oficiales indican que en México alrededor de 10 mujeres son asesinadas diariamente, sin embargo, solo una parte de estos casos se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Entre 2018 y 2025 se registraron más de 26 mil homicidios de mujeres, de los cuales una proporción menor fue clasificada como feminicidio.

La propuesta, impulsada a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece además la posibilidad de imponer penas de hasta 70 años de prisión y la obligación de investigar toda muerte violenta de mujer bajo la presunción inicial de feminicidio.

Con esta aprobación, el Congreso local se suma al proceso nacional para construir un marco jurídico más sólido que permita combatir este delito y reducir la impunidad.