Un juez en España fue sancionado con una multa de mil euros tras utilizar inteligencia artificial para elaborar el borrador de una sentencia, un hecho que salió a la luz al no eliminar las consultas realizadas durante el proceso. La decisión fue tomada por el Consejo General del Poder Judicial, que calificó la conducta como una falta grave.

El caso llamó la atención dentro del ámbito judicial cuando el documento fue compartido con otros integrantes del tribunal y contenía fragmentos que evidenciaban la interacción con ChatGPT. Esto permitió identificar que parte del texto había sido construido a partir de respuestas generadas por la herramienta.

Aunque se confirmó el uso de inteligencia artificial, las autoridades descartaron una sanción más severa al considerar que el juez no delegó completamente su función, sino que utilizó la tecnología como apoyo. Sin embargo, se subrayó que el problema radica en haber comprometido el razonamiento jurídico y la confidencialidad del proceso.

El episodio abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites del uso de inteligencia artificial en profesiones que dependen del criterio humano. En este caso, la sanción no solo castiga un descuido técnico, sino que marca una advertencia clara: la tecnología puede asistir, pero no sustituir la responsabilidad de impartir justicia.