Con el voto unánime de las y los 26 diputados y diputadas presentes, el Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó el veto que el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona hizo al Segundo Transitorio de la Iniciativa de reforma constitucional y en materia electoral enviada en diciembre pasado al Congreso del Estado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), por lo que será hasta el 2033 cuando la elección a la Gubernatura sea disputada únicamente por mujeres.

El diputado de Morena y presidente de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, Carlos Artemio Arreola Mallol precisó que la propuesta de los dictámenes acumulados reforman el artículo 36 y el artículo 72 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, así como diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

Estableció que con la reforma se evitan retrocesos en la participación política de las mujeres corrigiendo desigualdades estructurales históricas, por ello con el veto constitucional parcial ejercido por el gobernador Gallardo queda establecida la libertad para los partidos políticos de postular libremente a personas de cualquier género, en observancia con los principios generales de la paridad de género para la elección inmediata, pero fija la obligación de los partidos políticos y coaliciones a observar la alternancia de género en sus postulaciones para la renovación del Poder Ejecutivo del Estado, debiendo postular a una persona del género distinto a la registrada en el proceso electoral local ordinario 2026-2027 para el proceso electoral 2032-2033, cumpliendo con el principio constitucional e histórico de la garantía de la paridad de género en el ámbito de representación de las personas titulares del Ejecutivo estatal.

“Nuestro estado nunca ha tenido una mujer electa como titular del Poder Ejecutivo y ese dato no puede ser ignorado, no es una anécdota es evidencia histórica, ello habla de techos de cristal, de resistencias culturales, de culturas partidistas que durante décadas han colocado a las mujeres en posiciones de desventaja en el acceso a los cargos de mayor relevancia pública, en ese sentido podemos afirmar que la paridad no es una concesión, es un derecho ganado, conquistado y hoy un mandato constitucional, es una condición mínima de piso parejo, de justicia democrática”, expresó en Tribuna el morenista. 

Detalló que los objetivos principales de las reforma constitucional en materia electoral son optimizar la organización de los procesos electorales, ajustando tiempos,procedimientos y funciones; por ende, el proceso electoral habrá de iniciarse el 15 de noviembre del año previo a la jornada electoral; fortalecer el principio de paridad de género, especialmente en cargos unipersonales como la gubernatura y las presidencias municipales; mejorar la fiscalización, administración y manejo de recursos públicos electorales, para ello se agregan nuevas atribuciones a los órganos de fiscalización, en aras de cumplir con un correcto uso de los recursos públicos para las campañas electorales; ajustar las reglas sobre prerrogativas, partidos y sanciones para armonizarlas con los criterios expedidos por el Instituto Nacional Electoral; y por último, evitar retrocesos en la participación política de las mujeres.