El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por mayoría una reforma constitucional en materia electoral que busca adecuar el marco jurídico estatal a las recientes modificaciones de la Constitución federal relacionadas con la no reelección consecutiva, el combate al nepotismo y la racionalización del gasto público en instituciones electorales.
Durante la discusión del dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Carlos Arreola Mallol, explicó que la reforma tiene como propósito fortalecer los principios de austeridad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos, además de garantizar que las normas electorales locales sean congruentes con las disposiciones nacionales.
Entre los cambios aprobados destaca la regulación de las remuneraciones de las personas integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) y del Tribunal Electoral del Estado. La reforma establece que sus percepciones deberán ajustarse a los límites previstos en la Constitución federal, sin acceso a prestaciones extraordinarias, bonos, seguros especiales o beneficios que no estén expresamente contemplados en la legislación correspondiente.
Asimismo, se prohíbe la contratación con recursos públicos de seguros privados de gastos médicos, seguros de vida, fondos especiales de ahorro, planes de retiro individualizados u otros esquemas considerados privilegios fuera del marco legal. Con ello, se busca optimizar el uso de los recursos y fortalecer la disciplina financiera de los organismos públicos.
Otro de los aspectos relevantes de la reforma es la limitación al presupuesto del Poder Legislativo estatal, el cual no podrá superar el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado, como parte de una política orientada a la contención del gasto institucional.
En materia político-electoral, la reforma incorpora disposiciones para impedir candidaturas vinculadas con prácticas de nepotismo. De esta manera, no podrán contender por presidencias municipales, regidurías o sindicaturas personas que mantengan o hayan mantenido, durante los tres años previos a la elección, relaciones de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco cercano con quien ocupe el cargo al que aspiran.
Además, se elimina la figura de la reelección consecutiva para diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. Sin embargo, esta disposición entrará en vigor para el proceso electoral local 2029-2030, conforme a lo establecido en los artículos transitorios del decreto.
Finalmente, el Congreso deberá realizar las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria electoral al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral en el que estas nuevas disposiciones comiencen a aplicarse
