El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad la expedición de la nueva Ley de Justicia Cívica para el Estado y los Municipios, una normativa que busca establecer mecanismos más eficientes para atender conflictos derivados de faltas administrativas y fortalecer la convivencia social mediante procedimientos ágiles y con certeza jurídica.

La iniciativa, impulsada por el diputado Rubén Guajardo Barrera, contempla la creación de juzgados cívicos con autonomía técnica y operativa, encargados de resolver controversias no penales entre ciudadanos. La legislación establece procedimientos claros, garantiza los derechos de las personas involucradas y promueve soluciones alternas como la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa para resolver conflictos de manera rápida y efectiva.

La nueva ley también reconoce los derechos tanto de quienes presentan una queja como de las personas señaladas por cometer una infracción, incorporando garantías procesales y procedimientos específicos para casos que involucren a menores de edad. Asimismo, faculta a los municipios para definir en sus reglamentos el catálogo de faltas administrativas e infracciones, respetando su autonomía.

Entre las sanciones contempladas se encuentran amonestaciones, multas, arrestos administrativos, trabajo comunitario y reparación del daño, cuya aplicación quedará bajo la valoración de los jueces cívicos. Además, se incorpora la figura de Justicia Cívica Itinerante, con el propósito de acercar estos servicios a comunidades alejadas y zonas de difícil acceso.

Durante la misma sesión, las y los legisladores aprobaron modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para fortalecer las acciones de prevención del suicidio y promover estrategias enfocadas en el cuidado de la salud mental de la población infantil y juvenil. La reforma busca impulsar medidas preventivas ante factores de riesgo relacionados con la violencia, la inseguridad, la desesperanza y otros problemas que afectan el bienestar emocional.

También fue avalada una reforma a la Ley de Prevención y Seguridad Escolar para incorporar una definición específica del acoso escolar cibernético. La modificación establece que este tipo de violencia comprende actos realizados mediante tecnologías de la información para intimidar, hostigar, exhibir o dañar emocionalmente a estudiantes, afectando su privacidad, dignidad o integridad psicológica.

Adicionalmente, el Congreso aprobó un exhorto dirigido al Registro Civil del Estado para ampliar la atención en trámites relacionados con la CURP mediante módulos móviles, jornadas itinerantes y herramientas digitales que faciliten el acceso a este derecho, especialmente para personas que viven en municipios alejados o pertenecen a grupos vulnerables.

Finalmente, el Pleno realizó la declaratoria de aprobación de diversas reformas constitucionales en materia de personas cuidadoras, seguridad pública y legislación electoral, las cuales fueron respaldadas por los ayuntamientos de la entidad como parte del proceso del Constituyente Permanente Potosino.