La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí afirmó que la resolución judicial relacionada con un caso de presunta manipulación de contenido digital mediante inteligencia artificial fue resultado de un procedimiento estrictamente local y apegado a los mecanismos establecidos por el sistema de justicia penal, descartando cualquier participación o intervención del Gobierno Federal.

La titular de la institución explicó que la determinación fue emitida tras una audiencia en la que la defensa de las personas involucradas promovió una solicitud de suspensión condicional del proceso. Dicha petición fue analizada y posteriormente autorizada por la autoridad jurisdiccional competente, siguiendo las disposiciones legales aplicables al caso.

La aclaración surge luego de diversas versiones difundidas en espacios públicos y redes sociales que señalaban una posible influencia externa en el desarrollo del procedimiento. Ante ello, la Fiscalía enfatizó que las actuaciones se realizaron dentro del ámbito de competencia estatal y bajo la supervisión de las instancias judiciales correspondientes.

Asimismo, la dependencia reiteró su compromiso con el respeto a los derechos fundamentales y la libertad de expresión, subrayando que las instituciones encargadas de la procuración de justicia actúan conforme al marco legal vigente y garantizando el debido proceso para todas las partes involucradas.

Otro de los puntos abordados por las autoridades fue la circulación de información relacionada con presuntas denuncias contra integrantes de medios de comunicación. La Fiscalía precisó que no existe un procedimiento de esas características en los términos que han sido difundidos públicamente, por lo que llamó a evitar la propagación de versiones sin sustento oficial.

El caso ha generado interés debido al uso de herramientas de inteligencia artificial y al debate sobre los alcances legales de la manipulación digital de imágenes y videos. Especialistas consideran que este tipo de asuntos podrían cobrar mayor relevancia en los próximos años, conforme avance el desarrollo tecnológico y se amplíen los desafíos jurídicos asociados a estas plataformas.