Un juez federal determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Antonio Molina Díaz, excoordinador de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y antiguo colaborador del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y peculado.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el exfuncionario estaría relacionado con una presunta estructura de corrupción que operó entre 2013 y 2018 en torno a la construcción y administración de diversos centros penitenciarios federales. Las investigaciones apuntan a que, mediante contratos supuestamente irregulares, se habrían desviado cuantiosos recursos públicos con la participación de empresarios y exservidores públicos vinculados al círculo cercano de García Luna.

La dependencia federal sostiene que Molina Díaz tuvo participación directa en la firma de contratos para el desarrollo de ocho penales federales, operaciones que, según las indagatorias, ocasionaron un posible daño patrimonial superior a los cinco mil millones de pesos. El caso es investigado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia que lo señala como presunto integrante de una red dedicada al uso indebido de recursos destinados al sistema penitenciario.

El exfuncionario fue detenido por elementos federales en la Ciudad de México y posteriormente presentado ante la autoridad judicial. Tras valorar los datos de prueba aportados por la representación social, el juez resolvió que permanezca privado de la libertad mientras se desarrollan las siguientes etapas del proceso penal y se determina su posible responsabilidad en los hechos que se le imputan.

Este expediente forma parte de las investigaciones que las autoridades mexicanas mantienen abiertas sobre la presunta red de corrupción asociada a la administración de Genaro García Luna. Aunque Antonio Molina Díaz también estuvo involucrado en otro proceso relacionado con el incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, donde perdieron la vida 40 migrantes, la causa judicial que actualmente enfrenta corresponde exclusivamente a los presuntos delitos de delincuencia organizada y desvío de recursos en el sistema penitenciario federal.