El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Fernando Gámez Macías, informó que sostuvo una reunión de trabajo con legisladores y representantes del Poder Judicial para impulsar una reforma que permita que las iniciativas relacionadas con sanciones, penas y temas punitivos sean acompañadas por una opinión técnica o dictamen emitido por dicho poder.

El legislador explicó que la propuesta surge ante la necesidad de que las reformas legales respondan a la realidad que enfrentan diariamente los juzgados y tribunales. Señaló que, en muchas ocasiones, las iniciativas son elaboradas desde el ámbito legislativo sin considerar la experiencia de quienes aplican las leyes, lo que puede generar contradicciones o dificultades en los procesos judiciales.

Gámez Macías detalló que recientemente sostuvo un primer encuentro con la presidenta del Poder Judicial, Lourdes Anaí, así como con el magistrado Ángel Santiago, integrante de la Comisión de Estudios y Reformas. El objetivo, dijo, es construir una agenda conjunta para revisar y actualizar la legislación en materias civil, familiar, mercantil y penal, eliminando lagunas jurídicas y armonizando disposiciones que actualmente presentan inconsistencias.

El diputado destacó que la propuesta busca beneficiar directamente a la ciudadanía al facilitar procesos judiciales más eficientes y congruentes. Añadió que actualmente un juzgado puede atender alrededor de cinco mil expedientes al año, mientras que los secretarios de acuerdos procesan cerca de 30 mil acuerdos anuales, por lo que consideró indispensable escuchar la experiencia del Poder Judicial antes de aprobar reformas que impacten en la impartición de justicia.

En otro tema, al ser cuestionado sobre la problemática de las viviendas ocupadas de manera irregular, señaló que se trata de una situación presente en diversas regiones del país. Indicó que existen miles de viviendas en condición de abandono dentro de la zona metropolitana, aunque precisó que se trata de un asunto de competencia federal, por lo que cualquier acción legislativa requeriría la participación de instancias nacionales para buscar soluciones de fondo.