El Gobierno del Estado de San Luis Potosí informó que, a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), se han aplicado sanciones económicas por aproximadamente 100 millones de pesos a la empresa Aquos S.A. de C.V., operadora del acueducto de la presa El Realito, debido a las constantes interrupciones en el servicio de abastecimiento de agua potable que han afectado a miles de habitantes de la zona metropolitana.
De acuerdo con el director general de la CEA, Pascual Martínez Sánchez, durante 2025 se registraron 21 fallas en el funcionamiento del sistema hidráulico, situación que activó los mecanismos de penalización contemplados en el contrato firmado con la empresa concesionaria. Estas medidas, explicó, buscan garantizar que la operadora cumpla con las obligaciones establecidas y responda por las afectaciones ocasionadas a la población.
El funcionario detalló que las sanciones económicas se aplican mediante descuentos directos a los pagos correspondientes a la empresa, conforme a la duración y gravedad de cada una de las interrupciones del servicio. Este esquema contractual permite que el Estado haga valer las cláusulas de cumplimiento cuando se presentan incumplimientos que impactan el suministro de agua.
Además, durante el presente año ya se han acumulado nuevas penalizaciones cercanas a los 14 millones de pesos. Estas corresponden a la suspensión más reciente del servicio, la cual se prolongó durante cinco días y provocó afectaciones en diversos sectores de la capital potosina y municipios conurbados que dependen del acueducto de El Realito.
La Comisión Estatal del Agua indicó que mantiene una supervisión permanente sobre la operación de esta infraestructura hidráulica, con el propósito de reducir las interrupciones y fortalecer la continuidad del suministro para las familias usuarias. Asimismo, señaló que se continuará aplicando el marco legal y contractual vigente para exigir el cumplimiento de las responsabilidades de la empresa.
Las autoridades estatales reiteraron que el acceso al agua potable es una prioridad, por lo que se mantienen acciones de seguimiento y vigilancia para proteger el derecho de la ciudadanía a contar con un servicio eficiente y de calidad, además de impulsar medidas que contribuyan a mejorar la infraestructura hidráulica de la entidad.
