Con el propósito de garantizar una mayor protección a niñas, niños y adolescentes que intervienen en procesos judiciales, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, incorporando los principios de mínima intervención y no revictimización dentro de los procedimientos en los que participen como víctimas o testigos.

La iniciativa, impulsada por el diputado César Lara Rocha, modifica disposiciones de los artículos 6 y 13 de la legislación estatal, con el fin de establecer mecanismos que reduzcan las afectaciones emocionales y psicológicas que pueden sufrir los menores durante el desarrollo de un juicio. La reforma reconoce la necesidad de que las autoridades jurisdiccionales adopten medidas que coloquen en el centro el bienestar de la niñez y adolescencia.

Uno de los cambios más relevantes consiste en la incorporación del principio de mínima intervención, mediante el cual se busca que niñas, niños y adolescentes sean llamados a emitir su opinión o rendir testimonio el menor número de ocasiones posible. Además, se establece que dichas participaciones deberán realizarse, preferentemente, fuera del horario escolar para evitar afectaciones a su desarrollo académico y cotidiano.

Asimismo, se integra el principio de no revictimización, el cual obliga a juezas, jueces y demás autoridades involucradas en los procesos judiciales a implementar acciones que impidan que los menores vuelvan a experimentar el sufrimiento derivado de los hechos que originaron su participación en el procedimiento. Para ello, las decisiones deberán tomarse considerando el mayor beneficio para la persona menor de edad, sus necesidades específicas, el contexto en el que ocurrieron los hechos y la naturaleza del delito o situación que enfrentó.

El legislador promovente señaló que la repetición constante de declaraciones o testimonios puede provocar que las víctimas infantiles revivan experiencias dolorosas, generando estrés, ansiedad y otras afectaciones emocionales. Por ello, consideró indispensable fortalecer el marco legal para evitar que los procedimientos judiciales se conviertan en una fuente adicional de sufrimiento.

Con esta reforma, San Luis Potosí avanza en la consolidación de un sistema de justicia más sensible y respetuoso de los derechos de la niñez, privilegiando su bienestar emocional y garantizando que su participación en los procesos legales se realice bajo condiciones adecuadas de protección y acompañamiento institucional.