La tasa de mortalidad en los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos registró un incremento sin precedentes desde el inicio de la nueva política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, de acuerdo con una investigación basada en registros oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Los datos muestran que, desde enero de 2025, al menos 50 personas han fallecido mientras permanecían bajo custodia de las autoridades migratorias.
El análisis revela que la frecuencia de muertes en estos centros se ha más que duplicado en comparación con los años anteriores. Mientras que entre 2009 y 2024 se contabilizaba una muerte por cada 3 mil 848 personas detenidas, actualmente la cifra alcanza una muerte por cada mil 630 migrantes bajo custodia, en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas de deportación y el aumento de la población recluida.
Entre los casos documentados figuran fallecimientos relacionados con problemas de salud física, trastornos mentales y presuntos fallos en la atención médica. Los registros incluyen suicidios, complicaciones derivadas de enfermedades preexistentes y casos en los que los detenidos fueron encontrados sin signos vitales dentro de sus celdas. Especialistas consultados por la investigación advierten que muchos de estos incidentes reflejan deficiencias en los mecanismos de supervisión y atención oportuna dentro del sistema.
Uno de los casos que ha generado mayor preocupación es el de un migrante hondureño que murió en un centro de detención en Nueva York tras presentar síntomas severos asociados a un proceso de abstinencia. Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan la falta de claridad sobre la atención médica que recibió antes de su fallecimiento y exigen una revisión exhaustiva de los protocolos de actuación.
Expertos en salud pública y derechos humanos sostienen que el sistema migratorio estadounidense enfrenta dificultades para atender adecuadamente a personas con enfermedades crónicas, padecimientos mentales o condiciones médicas complejas. Además, señalan que el incremento en el número de detenidos ha ejercido una presión adicional sobre instalaciones que actualmente albergan a decenas de miles de personas.
Ante los cuestionamientos, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos defendió el funcionamiento de los centros de detención y aseguró que los migrantes reciben atención médica desde su ingreso al sistema. Sin embargo, organizaciones civiles continúan exigiendo mayor transparencia sobre las condiciones de internamiento y una evaluación independiente de los fallecimientos registrados.
El tema ha reavivado el debate sobre la política migratoria estadounidense y las condiciones en las que permanecen miles de personas detenidas mientras enfrentan procesos de deportación, convirtiéndose en uno de los asuntos más sensibles de la agenda de derechos humanos en el país.