Con el objetivo de fortalecer los procesos de reinserción social y garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, la Defensoría Pública del Estado realizó una jornada extraordinaria de atención en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde se brindaron servicios de orientación jurídica y acompañamiento especializado a la población femenil interna.

La actividad, impulsada por la Secretaría General de Gobierno, permitió que personal especializado atendiera de manera directa diversas inquietudes relacionadas con procesos penales, así como asuntos de carácter civil y familiar. A través de asesorías gratuitas, las internas recibieron información sobre el estado de sus procedimientos legales y alternativas para atender situaciones que afectan su entorno personal y familiar.

El director de la Defensoría Pública, Edgar Valdez Zavala, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia encaminada a garantizar el acceso efectivo a la justicia para todas las personas, especialmente para sectores que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. Destacó que la atención con perspectiva de género permite reconocer las necesidades específicas de las mujeres en reclusión y brindar respuestas más integrales a sus problemáticas.

Durante la jornada también se generaron espacios de diálogo para escuchar las necesidades, propuestas y preocupaciones de las internas, lo que permitirá fortalecer futuros programas de atención y diseñar mecanismos que contribuyan a mejorar sus condiciones de estancia. Entre los temas abordados destacaron cuestiones relacionadas con la salud, el bienestar emocional, la preservación de vínculos familiares y el seguimiento de trámites legales pendientes.

Las autoridades estatales señalaron que este tipo de visitas forman parte de una política orientada a promover una reinserción social más humana e incluyente, en la que se privilegie el respeto a la dignidad de las personas y se favorezca su desarrollo integral. Asimismo, resaltaron la importancia de mantener una coordinación permanente entre instituciones para acercar servicios y herramientas que permitan a las mujeres privadas de la libertad ejercer plenamente sus derechos y contar con mayores oportunidades para reconstruir su proyecto de vida una vez concluido su proceso de reclusión.