A la Comisión legislativa de Hacienda del Estado fue turnada iniciativa presentada por la diputada María Dolores Robles Chairez para que en un plazo no mayor a 15 días naturales sea resuelto el trámite de dotación de placas y control vehicular tras la adquisición de un vehículo en el estado de San Luis Potosí y con ello eliminar una contradicción en el establecimiento de términos de temporalidad entre la Ley de Hacienda local y la Ley de Tránsito del Estado y con ello, dotar de certeza jurídica a los contribuyentes, optimizar los mecanismos de control, recaudación y fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

La legisladora precisa que el marco jurídico actual de San Luis Potosí presenta una antinomia o contradicción normativa que afecta directamente el principio de certeza y seguridad jurídica de los ciudadanos; por un lado, la fracción I del artículo 64 de la Ley de Hacienda del Estado establece que la dotación de placas debe realizarse dentro de los “quince días” siguientes a la fecha de compra; por el otro, el artículo 23 de la Ley de Tránsito del Estado señala un plazo de “treinta días” para el mismo trámite.

La legisladora planteó que esta discrepancia legislativa genera confusión en el particular, quien no tiene certeza sobre el límite real de su obligación; asimismo, la omisión en la especificidad de los días, si se trata de días hábiles o naturales, obstaculiza las facultades de comprobación y la eficiencia operativa de la autoridad hacendaria, se hace necesario corregir esta discrepancia para que la ley de carácter administrativo se sincronice con la ley de naturaleza tributaria.

La diputada Robles Chairez expuso que, en San Luis Potosí, la inscripción de vehículos nuevos y su correspondiente control vehicular no solo representan una vertiente de seguridad pública, sino también un motor de recaudación fiscal indispensable a través del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), los derechos de alta y los refrendos correspondientes, recursos que son devueltos a la sociedad mediante infraestructura y políticas públicas.

Los argumentos para fijar el plazo en “quince días naturales” responden directamente a criterios de eficiencia administrativa y modernización institucional, tales como la “certeza operativa”, en el que se puede decir que la Secretaría de Finanzas del Estado, como dependencia encargada del trámite de alta vehicular, cuenta hoy con plataformas digitales y sistemas de control que exigen una temporalidad estricta y estandarizada para el procesamiento de datos fiscales y la actualización de los padrones vehiculares.

Y la “especificidad jurídica”, que al determinar formalmente que los días son "naturales", se evita cualquier interpretación subjetiva por parte del contribuyente o de la autoridad, homologando los criterios de vencimiento en una métrica de tiempo uniforme.