A la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado fue turnada por el Pleno iniciativa del diputado Luis Felipe Castro Barrón que busca reformar los artrículos 23 y 25 de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones y con ello abolir estigmas y procurar una verdadera rehabilitación en las personas adictas.

El proponente explicó que busca armonizar el ordenamiento local con la Ley General de Salud, para eliminar el estigma y garantizar que el sistema estatal de salud trate al paciente desde una perspectiva integral y no solo punitiva.
 
En su exposición de motivos, el diputado señala que la evidencia clínica establece que las adicciones a sustancias psicoactivas no son eventos aislados de la conducta, sino trastornos de la salud mental con bases neurobiológicas, como de hecho ya es contemplado en la Ley General de Salud.

La iniciativa de reforma a la Ley estatal para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones busca transitar de un modelo de "control social" a uno de "derecho a la salud". Se señala que la terminología "Prevención y Control" sugiere una vigilancia sobre el individuo, y lo que la propuesta busca es posicionar al paciente como un sujeto de derechos. 

En lo que se refiere a la especialización del personal profesional que tiene contacto con pacientes consumidores de sustancias psicoactivas, se propone que el tema se centre en la capacitación médica y su validación respecto de conocimientos concretos para el tratamiento del síndrome por abstinencia; se propone que los directivos encargados de centros de atención, sean auxiliados por médicos capacitados en toxicología y crisis de abstinencia para asegurar que la atención en crisis sea científica, que hagan valoración médica y referencia hospitalaria cuando la condición clínica del paciente así lo requiera.

La iniciativa también propone la integración de un Padrón Público de Establecimientos Residenciales de Tratamiento, el cual deberá estar disponible y actualizado en la página electrónica oficial de la Secretaría de Salud del Estado. 

El legislador indica que esta medida no solo faculta a la ciudadanía para tomar decisiones informadas en momentos de crisis familiar, sino que funciona como un mecanismo de control social y fiscalización activa sobre la legalidad de dichos espacios.