Con el objetivo de mejorar los procesos de atención, prevención y rehabilitación de las adicciones en San Luis Potosí, el diputado Luis Felipe Castro Barrón presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones del Estado, específicamente a los artículos 23 y 35, con la intención de fortalecer un enfoque integral dentro del sistema estatal de salud.

El legislador explicó que la propuesta busca alinear la normatividad local con la Ley General de Salud, a fin de eliminar estigmas asociados al consumo de sustancias psicoactivas y garantizar que las personas que enfrentan esta condición reciban atención médica y terapéutica basada en un enfoque de derechos humanos. Señaló que el objetivo es consolidar un modelo de atención que priorice la salud del paciente por encima de una visión sancionadora o de control social.

En su exposición de motivos, Castro Barrón destacó que la evidencia científica reconoce las adicciones como trastornos de salud mental con bases neurobiológicas, y no como actos aislados de conducta. Bajo esta perspectiva, subrayó la importancia de actualizar el marco legal estatal para que refleje este entendimiento y permita una atención más adecuada y profesional a quienes requieren tratamiento.

La iniciativa propone transitar de un esquema centrado en la “prevención y control” hacia un modelo basado en el “derecho a la salud”, con el propósito de colocar a las personas en situación de consumo como sujetos de derechos y no únicamente como objetos de regulación. De esta manera, se busca transformar el enfoque institucional hacia una visión más humana e incluyente.

Asimismo, la propuesta contempla reforzar la capacitación del personal de salud que tiene contacto directo con pacientes que consumen sustancias psicoactivas, con el fin de garantizar una atención especializada, sensible y basada en criterios médicos actualizados. El legislador señaló que el fortalecimiento de estas capacidades es fundamental para mejorar los resultados en los procesos de rehabilitación y reducir la estigmatización social.

Con esta iniciativa, se pretende consolidar un sistema estatal de atención a las adicciones más eficiente, moderno y centrado en el bienestar integral de las personas.