El Congreso del Estado de San Luis Potosí mantiene trabajos coordinados con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para desarrollar un protocolo que permita llevar a cabo de manera adecuada las consultas dirigidas a personas con discapacidad y a integrantes de pueblos y comunidades indígenas que se encuentran pendientes de realizarse.

La presidenta de la Directiva y de la Diputación Permanente del Congreso local, Sara Rocha Medina, informó que se han sostenido diversas reuniones con representantes del máximo tribunal del país con el propósito de definir una metodología clara que garantice el correcto desarrollo de estos ejercicios de participación.

Explicó que la elaboración del protocolo requiere un análisis detallado para evitar errores en su aplicación y asegurar que los recursos destinados a estos procesos sean utilizados de manera eficiente. Señaló que hasta el momento se han realizado alrededor de cinco encuentros de trabajo con la Suprema Corte, en los que se han revisado aspectos técnicos y jurídicos necesarios para establecer las bases de las consultas.

La legisladora destacó que contar con lineamientos precisos permitirá que las consultas cumplan con los principios de inclusión, respeto y participación efectiva de los sectores involucrados, además de brindar certeza tanto a las instituciones responsables como a las personas y comunidades que formarán parte de estos procedimientos.

Indicó que una vez que el protocolo sea concluido y aprobado, se podrá determinar con mayor precisión la propuesta presupuestal necesaria para llevar a cabo las consultas, considerando las características y requerimientos que implica cada ejercicio.

Respecto a los plazos establecidos, Rocha Medina aseguró que el Congreso del Estado ha atendido oportunamente los requerimientos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y continúa trabajando en coordinación con la instancia federal para avanzar en la definición de los criterios que regirán estos procesos.

La diputada reiteró que el objetivo principal es contar con un mecanismo adecuado que permita escuchar las voces de las personas con discapacidad y de los pueblos y comunidades indígenas, garantizando que sus opiniones sean tomadas en cuenta dentro de los procedimientos legislativos correspondientes.

Con este trabajo conjunto, el Poder Legislativo estatal busca fortalecer sus procesos de participación ciudadana y cumplir con las disposiciones constitucionales relacionadas con la inclusión y el reconocimiento de los derechos de diversos sectores de la población.