Una nueva investigación periodística colocó nuevamente bajo el escrutinio público al empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, al señalarlo como presunto líder de una red dedicada al lavado de dinero, la defraudación fiscal y el tráfico ilegal de hidrocarburos vinculados con instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex). Los señalamientos, sustentados en documentación consultada por Reporte Índigo, cobran relevancia en el ámbito político debido a que el empresario ha manifestado su intención de competir por la gubernatura de San Luis Potosí en el proceso electoral de 2027.

De acuerdo con la publicación, la presunta organización habría operado mediante un esquema de empresas, personas físicas y sociedades mercantiles para simular operaciones comerciales, triangular recursos y ocultar el origen de combustibles y productos petroquímicos. La investigación sostiene que las operaciones habrían generado beneficios superiores a mil 100 millones de dólares entre 2019 y 2024, además de involucrar miles de millones de pesos en facturación presuntamente irregular.

El reportaje también señala que Sánchez Zumaya buscó inicialmente participar en el proceso interno de Morena para la definición de la candidatura al gobierno estatal; sin embargo, su registro no prosperó. Posteriormente, el empresario fue incorporado al proceso interno del Partido del Trabajo (PT), desde donde mantiene sus aspiraciones políticas rumbo a la elección de 2027. Asimismo, el expediente citado refiere que la presunta estructura habría mantenido operaciones dentro de instalaciones estratégicas de Pemex y que parte de los recursos habrían sido canalizados hacia empresas constituidas en Texas.

Pese a estos nuevos señalamientos, hasta el momento no existe una resolución judicial que determine responsabilidades. La Fiscalía General de la República resolvió previamente el no ejercicio de la acción penal en dos investigaciones abiertas contra Sánchez Zumaya al considerar insuficientes los elementos probatorios disponibles en ese momento. Por su parte, el empresario ha rechazado cualquier participación en actividades ilícitas, sostiene que enfrenta una campaña política en su contra y afirma que sus actividades empresariales se han desarrollado conforme a la ley. Las investigaciones y denuncias continúan sin una resolución definitiva por parte de las autoridades competentes.

Con información de Reporte Índigo.