En San Luis Potosí otro fatal caso de violencia familiar puso sobre la mesa dos debates importantes, la salud mental y las acciones jurídicas contra homicidas, así lo comentó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona luego de que un hombre, señalado por la muerte violenta de una mujer, fuese identificado posteriormente por familiares como una persona con presunta esquizofrenia. 

Según relató el jefe del ejecutivo estatal en sus redes sociales, durante este fin de semana, la fiscalía general del Estado (FGE) realizó una detención contra Adán N supuesto autor del asesinato de Anastacia N, su madre, en Ciudad Valles. 

El masculino de quién hasta ahora se desconoce su edad, ya enfrenta un proceso penal frente al órgano de justicia, señaló. Sin embargo, cabe resaltar que la FGE no ha revelado los detalles de la investigación ni los delitos imputados.
 
 "Los jueces están viendo las penas por un tema que creo que es importante y que debemos ponerle un poquito de más atención: Adán tiene un problema de esquizofrenia", explicó el gobernador y bajo ese contexto, giró instrucciones a los Servicios de Salud Estatales para que corroborasen que el funcionamiento de las clínicas de atención mental en el Estado era el correcto.

"Pero me comentaba la secretaria: 'oye Gobernador es que las clínicas están funcionando, pero nadie lleva a ningún enfermo'", señaló. En ese sentido atribuyó que la falta de diagnósticos y el desconocimiento de la población frente a padecimientos mentales mantiene a los centros psiquiátricos vacíos, lo que impide que las personas con trastornos mentales reciban un tratamiento adecuado.

No obstante, añadió que el presunto matricidio no fue un incidente aislado, años antes, el hermano de Adán N fue sentenciado a 20 años de prisión por el homicidio de su padre. Lo anterior a pesar de que el imputado también alegó padecer esquizofrenia. 

En aquella ocasión, añadió Gallardo Cardona, un juez determinó que la persona responsable actuó en pleno uso de sus facultades mentales.

Según apuntó, el recientemente aprehendido lleva un proceso penal bajo las garantías que le otorga su condición mental, situación con la declaró estar en desacuerdo.

"Ahí está el debate: muchos juristas van a decir, 'sí hay que mandarlo a un hospital psiquiátrico'. Otros que aman a sus padres -en mi caso yo diría lo mismo- que vaya a prisión", agregó. Lo que, en su opinión, abrió un enorme debate jurídico frente a este tipo de casos donde las patologías psicológicas forman parte de la investigación de un crimen.

En ese sentido exhortó a la población para realizar un análisis en su entorno y así prever la atención oportuna de personas en situaciones vulnerables.