Por Redacción Contra Réplica

Congreso de San Luis Potosí refuerza protección para adultos mayores

Una reforma a la legislación estatal busca prevenir violencia, abuso, discriminación y abandono, además de garantizar la autonomía y participación social de las personas adultas mayores.

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas a la Ley de las Personas Adultas Mayores, con las que se pretende fortalecer la protección de este sector y establecer mayores garantías para que ejerza sus derechos en condiciones de respeto, inclusión e igualdad.

El nuevo marco contempla medidas para prevenir y atender distintas formas de violencia, entre ellas el abuso, la explotación, el aislamiento y la violencia psicológica, además de cualquier conducta que pueda poner en riesgo la integridad física o el patrimonio de las personas adultas mayores.

La reforma también incorpora principios relacionados con la autonomía, accesibilidad y no discriminación. Con ello, se plantea que las personas mayores puedan participar plenamente en la sociedad y tomar decisiones sobre su vida, con el respaldo de sus familias y de las instituciones cuando sea necesario.

Otro de los aspectos establecidos es la corresponsabilidad entre autoridades, familias, comunidad y sectores sociales para garantizar el cumplimiento de los derechos de este grupo de población. La legislación reconoce que su atención requiere acciones coordinadas y acordes con las circunstancias particulares de cada persona.

Asimismo, las instituciones estatales y municipales, junto con los sectores social y privado, deberán impulsar programas de atención preferente que respondan a las distintas necesidades de las personas adultas mayores.

El dictamen aprobado por el Pleno, a propuesta de la Comisión de Derechos Humanos, también establece la transversalidad como una obligación para que las autoridades coordinen acciones destinadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de este sector.

Con estas modificaciones, el Congreso busca que la legislación estatal avance hacia un modelo de protección que elimine barreras físicas, sociales, culturales y normativas, y reduzca las condiciones que puedan generar exclusión o discriminación.