Aunque en San Luis Potosí la tala ilegal de áreas naturales constituye un delito federal y las acciones legales son jurisdicción de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) reveló que, en este año, brindó atención a denuncias sobre actividades extractivas irregulares relacionadas a la venta de madera en el municipio de Cerritos de la Zona Media.

Sonia Mendoza Díaz, titular de la dependencia estatal explicó que, aunque no han recibido mayores reportes en la entidad potosina, recientemente canalizó un presunto caso de degradación del entorno hacia las oficinas de Profepa. Según la Secretaría, los hechos apuntaban hacia la posible aplicación de sanciones a comerciantes de la madera.

En México, derribar, extraer o destruir vegetación natural y recursos forestales maderables sin permisos oficiales, constituye un delito federal tipificado en los Artículos 418 y 419 del Código Penal Federal, cuyas penas varían de entre los 10 a 20 años de prisión, según la gravedad del daño ecológico, así como multas que superan el millón de pesos.

Mendoza Díaz acotó que corresponde al ente federal dar seguimiento a las investigaciones. Mientras que, recordó, dentro de su competencia es responsabilidad de la Segam vigilar el uso sustentable de suelo de los municipios a través de sus Planes de Desarrollo.

"Todos los municipios saben lo que pueden hacer y lo que no... Incluso cuando cualquier ciudadano quiere derribar un árbol tiene que pedir la opinión técnica a Segam y posteriormente el municipio lo puede tumbar y si no, ya hay multas que se pueden aplicar", indicó.

En el municipio de la capital, las sanciones varían de acuerdo con la normativa municipal vigente de la Dirección de Ecología y Aseo Público donde la poda irregular es una de las infracciones más comunes. Dichas conductas son acreedoras de multas entre las 30 y 500 UMAs, es decir, hasta los 58 mil pesos mexicanos.