Con el propósito de ampliar y mejorar los servicios de salud mental que ofrecen los municipios de San Luis Potosí, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa para modificar disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre y de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios.

La propuesta busca modificar el modelo de atención que actualmente prevalece en los ayuntamientos, con la intención de avanzar de un esquema centrado principalmente en servicios psicológicos y asistenciales hacia una estrategia integral que incluya gradualmente atención médica especializada en psiquiatría.

De acuerdo con la legisladora, aunque la legislación estatal reconoce la atención integral como un derecho para las personas que enfrentan algún padecimiento mental, las capacidades de los gobiernos municipales todavía son insuficientes para cumplir plenamente con este objetivo.

En numerosos casos, explicó, los servicios disponibles a nivel municipal se concentran en consultas psicológicas básicas, muchas de ellas proporcionadas mediante los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La iniciativa advierte que este modelo presenta limitaciones cuando se requiere atención médica especializada, seguimiento de tratamientos farmacológicos o canalización oportuna de personas que presentan trastornos mentales de mayor gravedad.

Ante este escenario, la propuesta plantea que los municipios puedan establecer convenios de colaboración con la Secretaría de Salud para facilitar la asignación, capacitación y supervisión de personal especializado en psiquiatría.

La intención es que los gobiernos locales desarrollen capacidades de manera progresiva y cuenten con mecanismos adecuados para detectar casos que requieran atención médica, dar seguimiento a los pacientes y realizar referencias hacia instituciones especializadas cuando sea necesario.

Otro de los cambios planteados consiste en ampliar el alcance de los programas municipales para que estén dirigidos a toda la población, bajo el principio de que la salud mental constituye un derecho universal y no únicamente un servicio de carácter asistencial.

La reforma también contempla establecer de manera expresa la participación de profesionales de psicología y promover la incorporación progresiva de atención psiquiátrica bajo criterios técnicos establecidos por la Secretaría de Salud.

La legisladora sostuvo que fortalecer la coordinación entre municipios y autoridades sanitarias permitiría construir una red de atención más completa, con capacidad para responder a diferentes necesidades de salud mental.

La iniciativa busca, finalmente, que los ayuntamientos cuenten con herramientas institucionales para ofrecer servicios más integrales y garantizar una atención oportuna a las personas que requieran apoyo psicológico o psiquiátrico.