El Gobierno del Estado de San Luis Potosí mantiene acciones para ampliar la certeza jurídica de las familias sobre sus viviendas y propiedades, mediante programas de regularización que buscan resolver situaciones de falta de documentación y dar respaldo legal al patrimonio familiar.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona sostuvo una reunión de trabajo con el titular del Instituto de Regularización y Vivienda Social (Inrevis), Julio César Patiño Morales, para conocer los avances de los procedimientos que actualmente se encuentran en desarrollo.

Durante el encuentro se revisaron las acciones implementadas a partir de la Ley de Certeza y Vivienda Social del Estado, así como los mecanismos que permiten avanzar en la regularización de propiedades que durante años han permanecido sin una acreditación legal completa.

De acuerdo con el Gobierno estatal, uno de los principales objetivos de estos procesos es facilitar que las familias puedan obtener los documentos necesarios para demostrar formalmente que son propietarias de sus viviendas, fortaleciendo así la seguridad sobre sus bienes.

La regularización representa un paso importante para hogares que, pese a contar con una vivienda y haber construido su patrimonio durante años, enfrentan dificultades para acreditar legalmente la propiedad. La falta de documentación puede generar incertidumbre y complicaciones ante posibles conflictos o trámites relacionados con el inmueble.

Durante la revisión, las autoridades destacaron la importancia de mantener el seguimiento a los expedientes y agilizar los procedimientos que permitan incorporar a más familias a los beneficios de la certeza patrimonial.

El trabajo del Inrevis forma parte de las acciones estatales orientadas a atender las necesidades de vivienda y regularización, particularmente en aquellos casos donde existen propiedades que requieren completar procesos administrativos y jurídicos.

El Gobierno estatal señaló que continuará dando seguimiento a estas acciones para que un mayor número de familias pueda contar con documentos que respalden legalmente la propiedad de sus hogares.

Con ello, se busca reducir la incertidumbre sobre los bienes familiares y generar condiciones que permitan a las personas disponer de un patrimonio con respaldo jurídico, evitando posibles conflictos y fortaleciendo la seguridad de los hogares potosinos.