El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma al Código Penal para que los casos de abandono de personas en condición de vulnerabilidad sean investigados de oficio, con el objetivo de reforzar la protección de quienes enfrentan mayores dificultades para denunciar por cuenta propia.

La modificación fue impulsada por la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza y contempla incorporar el artículo 204 TER al Código Penal estatal. Con este cambio, las autoridades deberán iniciar las investigaciones correspondientes cuando el delito de abandono tenga como víctimas a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores o personas con discapacidad.

Uno de los principales cambios consiste en que el Ministerio Público ya no dependerá de una denuncia presentada directamente por la víctima para intervenir en estos casos. La autoridad tendrá la obligación de actuar de manera oportuna y con la debida diligencia para proteger los derechos de las personas afectadas.

La legisladora explicó que existen circunstancias en las que una víctima puede encontrarse imposibilitada para denunciar, ya sea por su edad, condición física o mental, dependencia de otras personas o por el contexto social en el que se encuentra. Por ello, consideró necesario fortalecer la intervención institucional para evitar que estas conductas queden sin consecuencias.

Jáuregui Mendoza señaló que el abandono de personas vulnerables representa una afectación grave a sus derechos y puede constituir una forma de violencia que requiere una respuesta inmediata por parte del Estado.

La reforma busca brindar una protección reforzada a grupos que pueden encontrarse en desventaja frente a situaciones de riesgo, particularmente cuando están comprometidas su integridad, seguridad o dignidad.

Además de facilitar la actuación de las autoridades, el cambio pretende fortalecer el carácter preventivo de la legislación penal y generar mecanismos que permitan detectar e investigar con mayor rapidez posibles casos de abandono.

La diputada destacó que la medida forma parte de una política orientada a garantizar una mayor protección para quienes requieren apoyo institucional debido a sus condiciones particulares.

Con la aprobación del Pleno, el Ministerio Público tendrá nuevas obligaciones para intervenir ante posibles casos de abandono que involucren a integrantes de estos grupos, incluso cuando no exista una denuncia directa.

La reforma busca así reducir espacios de impunidad y garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad cuenten con una respuesta institucional efectiva ante conductas que puedan poner en peligro su vida, integridad y dignidad.