Reconocer y fortalecer los sistemas de justicia indígena puede contribuir a reducir las desigualdades en el acceso a la justicia y construir democracias más incluyentes, planteó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) durante un encuentro internacional realizado en México.

La representación del organismo en el país señaló que la existencia de derechos reconocidos formalmente no garantiza que todas las personas puedan ejercerlos en condiciones de igualdad. Las comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan obstáculos relacionados con la distancia, el idioma, la discriminación y las capacidades de las instituciones.

Ante este escenario, el PNUD llamó a abandonar la idea de que los sistemas normativos indígenas constituyen una vía secundaria frente a la justicia estatal. Por el contrario, sostuvo que cuentan con legitimidad histórica y social y cumplen una función relevante en la organización y cohesión de las comunidades.

El planteamiento fue expuesto durante el encuentro Respuestas internacionales para el acceso a la justicia de comunidades indígenas, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ahí se destacó que la coordinación entre los sistemas de justicia estatal e indígena puede fortalecer el Estado de derecho mediante mecanismos de diálogo y respeto mutuo.

En el ámbito electoral, el magistrado presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz García, señaló que impartir justicia requiere considerar las particularidades de cada territorio. Factores como la lengua, la cultura, las autoridades comunitarias y las formas tradicionales de resolver conflictos deben ser tomados en cuenta por los órganos jurisdiccionales.

También advirtió que los procesos electorales pueden modificar equilibrios internos en las comunidades y generar efectos sobre las asambleas, la participación de las mujeres, las autoridades tradicionales y los derechos colectivos.

Por ello, especialistas y autoridades coincidieron en que incorporar una perspectiva intercultural en la impartición de justicia no implica crear excepciones al marco constitucional, sino desarrollar instituciones capaces de responder a la diversidad social y garantizar derechos de manera efectiva en todos los territorios.