A las Comisión legislativa de Puntos Constitucionales y a la de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología fue turnada iniciativa presentada por la diputada Ana María de la Cruz Olvera que busca que como parte de las obligaciones en materia educativa del Estado, el establecer, como eje transversal la cultura de paz, la prevención de las violencias y el bienestar psicoemocional.

La propuesta que modifica el Artículo 10 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí pretende establecer que el Estado garantice la implementación de configuraciones institucionales de seguridad y monitoreo de paz en los entornos académicos, además de coordinar a las instituciones de seguridad y salud mental, la enseñanza obligatoria de mecanismos alternativos para la prevención o transformación pacífica de conflictos, adaptando estas estrategias a las características orgánicas de cada nivel y subsistema educativo.

Señala en su exposición de motivos, que el sistema educativo en el Estado de San Luis Potosí y en la República Mexicana enfrenta una problemática caracterizada por la convergencia de la violencia en los entornos escolares, la proliferación del ciberacoso y un acelerado deterioro del bienestar psicoemocional de la niñez, adolescencia y juventud.

Las instituciones educativas, concebidas originariamente como espacios protectores de formación integral, experimentan dinámicas de convivencia afectadas por el hostigamiento, la exclusión y la agresión sistemática, minando el derecho fundamental a un aprendizaje seguro y digno.

Agrega que la dimensión del acoso escolar o bullying en México, se encuentra ampliamente documentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) y los análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), los cuales revelan que el 28 por ciento de la población estudiantil de entre 12 y 17 años ha sido víctima de acoso en el ámbito académico, lo que representa una cifra aproximada de 3.3 millones de adolescentes afectados.

Por ello, indica la legisladora De la Cruz, que con esta reforma propuesta al artículo 10 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí se fundamenta en el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.