Islandia cerró este domingo una jornada electoral clave para definir si el país retomará las negociaciones para incorporarse a la Unión Europea (UE). Con las urnas ya cerradas, el resultado se mantiene en suspenso debido a lo estrecho de la contienda y a la ausencia de encuestas de salida.

La consulta preguntó a los aproximadamente 273 mil votantes si respaldaban reanudar las conversaciones de adhesión con Bruselas. Aunque el referendo no tiene carácter vinculante, el gobierno de la primera ministra socialdemócrata Kristrún Frostadóttir se comprometió a respetar la decisión ciudadana.

Una eventual victoria del “Sí” no implicaría el ingreso inmediato al bloque europeo. Primero tendrían que retomarse las negociaciones y, posteriormente, un eventual acuerdo de adhesión tendría que someterse nuevamente a votación.

La relación con la Unión Europea genera posiciones encontradas en un país de alrededor de 400 mil habitantes. Islandia ya forma parte del Espacio Económico Europeo, por lo que tiene acceso al mercado único, pero permanece fuera de la UE y conserva el control de áreas consideradas estratégicas, entre ellas la pesca.

Precisamente, el sector pesquero aparece como uno de los principales obstáculos ante una eventual adhesión. La actividad representa cerca de 40 por ciento de las exportaciones islandesas y existe preocupación por las cuotas de captura que podrían establecerse bajo las reglas comunitarias.

El debate también está marcado por la situación económica. Aunque Islandia mantiene altos niveles de prosperidad, la inflación y las elevadas tasas de interés han alimentado el interés de algunos ciudadanos por una posible integración monetaria con Europa.

A estos factores se suman los cambios en el escenario internacional. La guerra en Ucrania, las nuevas prioridades de seguridad en Europa y las tensiones relacionadas con Estados Unidos y Groenlandia han reavivado la discusión sobre el papel estratégico de Islandia.

Si se impone el “No”, el gobierno ha anticipado que no retomará las negociaciones durante su actual mandato, previsto hasta 2028. El resultado, por tanto, no solo definirá la relación de Islandia con Bruselas, sino que podría marcar el rumbo político y económico del país durante los próximos años.