La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado buscará avanzar en el análisis de siete iniciativas relacionadas con la operación del Padrón de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, entre las que destaca la propuesta para que este registro pueda ser consultado públicamente, sin poner en riesgo los datos personales de niñas, niños y adolescentes.

La diputada Gabriela López Torres, presidenta de dicha comisión, informó que se pretende realizar una sesión conjunta con las comisiones de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, así como de Régimen Interno y Asuntos Electorales, debido a que las propuestas involucran modificaciones en distintas materias.

Explicó que el dictamen correspondiente ya se encuentra elaborado, pero requiere la opinión de las comisiones con las que se comparte el turno para concretar las adecuaciones necesarias y avanzar hacia su resolución.

Entre los planteamientos se encuentra establecer restricciones para que las personas inscritas en el padrón no puedan ser candidatas o candidatos a cargos de elección popular, además de impedir que puedan solicitar la expedición de una licencia de conducir mientras permanezcan en el registro.

Otro de los puntos centrales es hacer público el padrón, de manera que pueda ser consultado por la ciudadanía, pero bajo mecanismos que permitan proteger la información sensible y los datos personales de las personas menores de edad involucradas en los procesos de pensión alimenticia.

López Torres señaló que se buscará contar a la brevedad con la opinión de las comisiones involucradas para desahogar las iniciativas, al considerar que se trata de un tema planteado de manera recurrente por integrantes de la sociedad civil.

La legisladora destacó que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias representa una problemática que afecta a las familias potosinas y subrayó que el padrón no contempla exclusivamente a hombres, sino también a mujeres que han incurrido en esta situación.

En este sentido, sostuvo que las propuestas buscan fortalecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y colocar en el centro de las decisiones el interés superior de niñas, niños y adolescentes, al tiempo que se protegen sus datos personales.

El objetivo será que el Congreso del Estado pueda avanzar en una regulación que permita mayor transparencia sobre quienes mantienen adeudos alimentarios, sin vulnerar la privacidad de los menores involucrados.