La empresa Gas Natural del Noroeste, vinculada a la terminal donde autoridades federales aseguraron 59 millones de litros de combustible presuntamente ilícito en San José Iturbide, Guanajuato, contaba con autorizaciones para almacenar hasta 97.7 millones de litros de petrolíferos, de acuerdo con antecedentes documentados por autoridades municipales.
La planta, ubicada en la comunidad de La Fragua sobre la carretera federal 57, inició su desarrollo tras recibir autorizaciones municipales durante administraciones anteriores. El proyecto fue instalado originalmente por la empresa SIM, pero posteriormente el Ayuntamiento avaló el cambio de propietario a favor de Gas Natural del Noroeste, así como diversas ampliaciones relacionadas con el uso de suelo y la capacidad de almacenamiento.
Los registros municipales indican que durante la construcción del complejo la compañía fue sancionada por iniciar obras sin contar con todos los permisos requeridos. Entre las irregularidades detectadas se encontró la edificación de tanques de almacenamiento antes de obtener la autorización correspondiente de uso de suelo, situación que derivó en una multa superior a 150 mil pesos.
Inicialmente, la terminal fue autorizada para operar con cuatro tanques cuya capacidad conjunta superaba los 38 millones de litros de combustible. Sin embargo, en 2018 obtuvo el visto bueno para una expansión significativa mediante la construcción de cinco depósitos adicionales, lo que elevó la capacidad total autorizada a cerca de 100 millones de litros.
El centro de almacenamiento fue inaugurado en diciembre de 2017 y operaba con participación de Gas Natural del Noroeste en coordinación con firmas del sector energético como ExxonMobil y Grupo Gasolinero Orsan. Además, disponía de permisos emitidos por dependencias federales ambientales y de seguridad industrial relacionadas con el manejo de hidrocarburos.
La expansión del proyecto generó preocupación entre habitantes de La Fragua, quienes años atrás manifestaron inquietudes por posibles riesgos asociados al almacenamiento masivo de combustibles, además de señalar impactos en la vida cotidiana de la comunidad y la necesidad de contar con protocolos de emergencia más robustos.
Tras el aseguramiento de los 59 millones de litros de hidrocarburo, el gobierno municipal de San José Iturbide expresó su disposición para colaborar con las investigaciones federales y pidió esclarecer si existieron posibles irregularidades o actos de corrupción en la autorización y operación de la terminal.
La investigación de la Fiscalía General de la República se originó en julio de 2026, luego de que autoridades detectaran una presunta anomalía en la comercialización de combustible transportado en una pipa. Las indagatorias condujeron a diversos inmuebles relacionados con el almacenamiento y distribución de hidrocarburos hasta llegar a la terminal ubicada en La Fragua, donde fue realizado el aseguramiento.
Según las autoridades, el combustible decomisado incluye más de 33.5 millones de litros de gasolina regular, más de 7.2 millones de litros de gasolina Premium y más de 18.2 millones de litros de diésel, volúmenes que permanecen bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.
