El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado, cuestionó el balance presentado por el Ayuntamiento de San Luis Potosí y sostuvo que un informe sobre cinco años de administración no debe considerarse como un respaldo automático para futuras aspiraciones políticas.
El legislador señaló que la gestión de la capital debe ser evaluada a partir de los resultados obtenidos en materia de obra pública, servicios y rendición de cuentas. En ese sentido, afirmó que ocupar la administración municipal durante dos periodos consecutivos no representa por sí mismo una condición para buscar otro cargo.
Gámez Macías también criticó que existan obras pendientes y atribuyó al propio gobierno municipal el reconocimiento de retrasos relacionados con procesos administrativos y licitaciones. Desde su perspectiva, estos asuntos deben formar parte de la revisión de los resultados de la administración.
En su calidad de presidente de la Comisión de Vigilancia, el diputado indicó que el Congreso continuará con la revisión del uso de recursos públicos de los 59 ayuntamientos, bajo procedimientos de fiscalización. La comisión tiene entre sus atribuciones recibir las cuentas públicas y turnarlas al Instituto de Fiscalización Superior del Estado para su revisión.
El legislador también puso sobre la mesa la situación del servicio de agua potable en la capital. Cuestionó que se presente como resuelta la problemática y afirmó que persisten reclamos ciudadanos relacionados con el suministro, cobros y la atención de los servicios a través de Interapas.
Asimismo, Gámez Macías señaló que asuntos como los baches, el alumbrado público y el suministro mediante pipas forman parte de las necesidades que, a su consideración, todavía requieren atención.
El diputado sostuvo que la fiscalización debe realizarse de manera técnica e imparcial y recordó que durante 2026 la Comisión de Vigilancia aprobó el Programa Anual de Auditorías para revisar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2025.
Finalmente, planteó que la revisión de la administración municipal debe centrarse en el cumplimiento de sus obligaciones y en la aplicación de los recursos públicos, por encima de cualquier consideración relacionada con futuras aspiraciones políticas.