Ante las quejas ciudadanas por cobros excesivos, condiciones inseguras y presuntas irregularidades en estacionamientos públicos y privados de uso público, la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza propuso una revisión integral de estos establecimientos en la capital potosina.

Mediante un Punto de Acuerdo, la legisladora busca exhortar al Ayuntamiento de San Luis Potosí, a la Dirección de Comercio y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal a coordinar acciones para revisar la regulación y supervisión de este servicio.

La propuesta plantea actualizar el marco reglamentario aplicable a los estacionamientos, con el propósito de responder a las necesidades actuales de movilidad, seguridad y protección de los consumidores, ante la importancia que tienen estos espacios para quienes acuden al Centro Histórico y a las zonas comerciales de la ciudad.

Entre las solicitudes destaca que el Ayuntamiento informe al Congreso del Estado cuáles estacionamientos operan bajo concesión municipal, las condiciones de sus autorizaciones y los criterios utilizados para establecer las tarifas, incluidos los mecanismos mediante los cuales se permiten incrementos en los cobros.

Asimismo, se busca conocer las acciones de inspección y verificación realizadas por las autoridades municipales, así como las sanciones aplicadas a los establecimientos que incumplan las disposiciones correspondientes.

Otro de los puntos planteados es transparentar las condiciones de seguridad que ofrecen los estacionamientos, particularmente en lo relacionado con la existencia de seguros contra robo o daños a los vehículos, el cumplimiento de las medidas de protección y la entrega de comprobantes por el servicio prestado.

Jáuregui Mendoza señaló que los estacionamientos son utilizados diariamente por miles de personas, por lo que consideró necesario garantizar que operen bajo condiciones claras y que los usuarios conozcan las tarifas y las medidas de protección disponibles.

La legisladora también advirtió sobre la falta de información pública suficiente respecto de las condiciones en que funcionan algunos establecimientos, las tarifas que aplican y las garantías que ofrecen a quienes pagan por el resguardo temporal de sus vehículos.

El Punto de Acuerdo fue turnado a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, donde será analizado y dictaminado antes de continuar con el proceso legislativo correspondiente.