El diputado José Roberto García Castillo presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, con el objetivo de que los 59 municipios de la entidad cuenten con una Coordinación Municipal de Derechos Humanos.

La propuesta busca establecer una instancia con titular identificable, atribuciones definidas y condiciones de operación acordes con las capacidades presupuestarias, poblacionales y territoriales de cada ayuntamiento.

De acuerdo con el planteamiento, estas coordinaciones tendrían la responsabilidad de promover el respeto a los derechos humanos, orientar a los habitantes sobre su ejercicio y protección, así como canalizar ante las autoridades competentes los asuntos relacionados con posibles vulneraciones.

La iniciativa también contempla brindar asesoría y acompañamiento a personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, entre ellos niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, migrantes y personas de la diversidad sexual.

Otro de los objetivos es fortalecer la capacitación y sensibilización de los servidores públicos municipales, especialmente de quienes desempeñan funciones de seguridad pública, justicia cívica, inspección, protección civil y atención ciudadana.

Para ello, las coordinaciones podrían promover acciones conjuntas con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, instituciones educativas, organizaciones civiles y otras autoridades, además de impulsar mecanismos de participación ciudadana que contribuyan a prevenir vulneraciones y fomentar una cultura de respeto.

El proyecto establece que los ayuntamientos deberán contemplar anualmente en sus presupuestos los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el funcionamiento de estas instancias, de acuerdo con sus ingresos disponibles y las disposiciones aplicables en materia presupuestaria.

Sin embargo, la organización administrativa no tendría que ser uniforme para todos los municipios, sino ajustarse a sus condiciones particulares, siempre que se garantice el cumplimiento de las atribuciones previstas.

García Castillo señaló que actualmente la legislación establece la obligación de contar con esta instancia únicamente en municipios con más de 40 mil habitantes. Consideró que este criterio demográfico requiere actualizarse, debido a que las obligaciones constitucionales de protección de los derechos humanos corresponden a todas las autoridades.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Régimen Interno y Asuntos Electorales, así como de Derechos Humanos, para su análisis.