La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza el alcance de la entrega de recursos públicos a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como la obligación de los municipios de destinar al menos 10 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a estos sectores de la población.

Durante la discusión en el Pleno, la ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció a favor de que estas comunidades puedan recibir, administrar y ejercer directamente los recursos que les corresponden, con el propósito de atender sus necesidades prioritarias y decidir sobre su propio desarrollo.

La ministra sostuvo que la autonomía presupuestaria de los municipios, prevista en el artículo 122 constitucional, debe armonizarse con el artículo 2 de la Constitución, que establece la responsabilidad de las autoridades de garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Esquivel Mossa señaló que el reconocimiento de estos grupos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, derivado de la reforma constitucional publicada en 2024, debe reflejarse en acciones que fortalezcan su capacidad para tomar decisiones y gestionar los recursos destinados a su bienestar.

En ese sentido, consideró que la administración directa del dinero público representa una herramienta para ejercer su autonomía y preservar su dignidad, al permitirles definir las prioridades de sus comunidades.

Como antecedente, recordó una resolución de la extinta Segunda Sala de la SCJN, emitida en 2025, en la que participó como ponente. Dicho criterio, aprobado por mayoría de tres votos, estableció que la Federación puede entregar recursos a comunidades indígenas para que los administren directamente.

La ministra también aclaró que este esquema no elimina las obligaciones legales sobre el uso del presupuesto. Por el contrario, contempla mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas para verificar que los fondos sean utilizados conforme a sus objetivos y a la normativa aplicable.