La Ley de Economía Digital quedó lista para avanzar hacia su entrada en vigor, luego de concluir su proceso de aprobación en el Congreso de la Unión. La propuesta busca modernizar las operaciones financieras en México mediante una mayor utilización de herramientas electrónicas y una reducción gradual de la dependencia del dinero en efectivo.

Tras recibir el aval del Senado, el proyecto fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), paso necesario para formalizar su entrada en vigor conforme a las disposiciones correspondientes.

Entre los principales objetivos de la nueva legislación se encuentran facilitar las transacciones digitales, disminuir los costos asociados a los pagos y promover la inclusión financiera. Asimismo, se pretende que un mayor número de personas genere antecedentes financieros que les permitan acceder a cuentas bancarias, créditos y otros productos dentro del sistema formal.

Uno de los aspectos centrales será la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia que determinará los sectores económicos en los que será obligatorio aceptar pagos mediante herramientas digitales. La aplicación de estas medidas se realizará de manera gradual y estará acompañada de lineamientos específicos para cada actividad.

El marco legal también prevé alternativas ante situaciones extraordinarias. Cuando se presenten interrupciones del suministro eléctrico, fallas en las telecomunicaciones o problemas en las plataformas bancarias, los establecimientos podrán recurrir temporalmente al efectivo u otros mecanismos de pago para mantener sus operaciones.

Sin embargo, estas excepciones no podrán utilizarse de manera permanente para eludir las nuevas obligaciones.

En materia de identificación, la ley reconoce la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como instrumentos válidos para realizar determinados trámites financieros a distancia. Esto permitirá a los usuarios gestionar servicios y abrir cuentas bancarias sin acudir necesariamente a una sucursal, de acuerdo con los requisitos aplicables.

Los legisladores señalaron que la reforma no establece nuevos impuestos para las operaciones digitales y que su aplicación deberá ajustarse a las disposiciones fiscales vigentes. La medida también se vincula con los esfuerzos para fortalecer la transparencia financiera y prevenir operaciones relacionadas con el lavado de dinero.