Por Eugenia González

Empresas de San Luis Potosí incumplen con la inclusión laboral de personas con discapacidad

Teresa Galicia Saldaña, directora de Inclusión Laboral de la STPS, señaló que persisten barreras y prejuicios que dificultan el acceso al empleo de personas con discapacidad y adultos mayores; llamó a fortalecer las políticas empresariales de equidad.

La inclusión laboral de personas con discapacidad y adultos mayores continúa siendo un reto para las empresas de San Luis Potosí, debido a la falta de políticas efectivas, adecuaciones en los centros de trabajo y sensibilización entre el personal, señaló Teresa Galicia Saldaña, directora de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La funcionaria explicó que no basta con contratar a personas con discapacidad para considerar que existe inclusión, sino que las empresas deben establecer políticas claras y aplicar medidas que permitan su integración plena y productiva. Entre ellas se encuentran los llamados ajustes razonables, que pueden incluir modificaciones en la infraestructura y adaptaciones en las condiciones de trabajo para garantizar igualdad de oportunidades.

Galicia Saldaña indicó que, de acuerdo con lo expuesto durante la entrevista, la normativa contempla que los centros laborales incorporen a personas con discapacidad en una proporción del dos por ciento de su plantilla. Sin embargo, reconoció que este objetivo no se cumple de manera generalizada, por lo que consideró necesario reforzar el compromiso de los sectores público y privado con la inclusión y la equidad laboral.

Añadió que uno de los principales obstáculos no siempre es el costo de adaptar instalaciones, como colocar rampas, ampliar accesos o contar con sanitarios accesibles, sino los prejuicios que persisten entre empleadores y compañeros de trabajo. Advirtió que estas actitudes pueden limitar las oportunidades de las personas con discapacidad, pese a que cuentan con capacidades para desempeñar diversas funciones.

La directora también alertó sobre la discriminación por edad, al señalar que muchas personas mayores de 60 años todavía pueden contribuir al mercado laboral, pero enfrentan barreras para conseguir empleo. Ante el envejecimiento de la población, consideró necesario impulsar cambios en las empresas y una mayor conciencia social para garantizar que tanto las personas con discapacidad como los adultos mayores tengan oportunidades laborales y puedan ejercer plenamente sus derechos.