La expansión de la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para el sistema jurídico mexicano, que aún carece de una legislación general para regular integralmente esta tecnología. Saúl Rodríguez Corona, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), advirtió que la rapidez de su desarrollo dificulta establecer reglas capaces de proteger los derechos de las personas.

El especialista en Derecho Constitucional y Amparo explicó que las herramientas generativas han ampliado las posibilidades de crear imágenes, videos y audios artificiales, pero también han abierto interrogantes sobre el uso de datos personales, la suplantación de identidad y la utilización de la imagen y voz de terceros sin autorización.

Entre los principales retos, señaló la necesidad de establecer quién debe responder cuando una herramienta de inteligencia artificial provoca daños, así como prevenir los sesgos algorítmicos que pueden derivar en resultados discriminatorios.

Rodríguez Corona destacó que las decisiones apoyadas en estos sistemas requieren supervisión humana, particularmente en áreas sensibles como la impartición de justicia. Afirmó que la tecnología puede servir como apoyo para las actividades profesionales, pero no debe sustituir el criterio de las personas responsables de tomar decisiones.

En el ámbito jurídico, estas herramientas pueden agilizar tareas como la elaboración de contratos, la organización de expedientes y la preparación de documentos. Sin embargo, su uso exige revisión profesional, debido a que pueden generar información falsa, referencias inexistentes o contenidos con errores.

El académico señaló que México cuenta con propuestas legislativas para abordar la regulación de la inteligencia artificial, aunque consideró necesario avanzar hacia criterios generales que eviten disposiciones aisladas y mantengan como prioridad la protección de los derechos fundamentales.

Finalmente, planteó la importancia de impulsar espacios de diálogo entre universidades, especialistas, desarrolladores y autoridades para analizar los alcances de esta tecnología y construir propuestas jurídicas que permitan aprovechar sus beneficios sin dejar desprotegida a la sociedad.