La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la exconductora de televisión Inés Gómez Mont es investigada por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero mediante empresas factureras. Actualmente enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en México, de acuerdo con información presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó que Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, por autoridades migratorias. Aclaró que esta acción responde a su situación migratoria y no constituye, por sí misma, la ejecución de los mandamientos judiciales mexicanos.
Godoy detalló que una de las órdenes de aprehensión está relacionada con los probables delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos corresponden a investigaciones por presunta defraudación fiscal equiparada.
Según las indagatorias, la exconductora habría recibido recursos públicos que presuntamente fueron desviados del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social mediante empresas señaladas como fantasma.
A estas acusaciones se suma una investigación sobre sus declaraciones fiscales de 2014 y 2016. La Fiscalía sostiene que habría reportado ingresos menores a los realmente obtenidos, lo que habría ocasionado la omisión del pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.
La titular de la FGR explicó que desde septiembre de 2025 se solicitó a Estados Unidos la detención provisional de Gómez Mont con fines de extradición. Indicó que, en coordinación con el Departamento de Justicia estadounidense, se integró la petición formal y durante las últimas semanas se intercambió información para dar seguimiento al caso.
La funcionaria precisó que las autoridades estadounidenses deberán resolver la situación migratoria de la exconductora. Si se determina su deportación a México, la Fiscalía ejecutará las órdenes de aprehensión correspondientes al momento de su llegada.
Finalmente, Godoy subrayó que serán los tribunales mexicanos los encargados de determinar si existe responsabilidad penal, bajo los principios de presunción de inocencia y respeto al debido proceso.
