La coordinadora de Morena en Nuevo León, Clara Luz Flores, presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador Samuel García y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por presuntos actos de corrupción y delitos relacionados con el manejo de recursos públicos.
Las acusaciones también involucran a Mariana Rodríguez, esposa del mandatario estatal; Samuel Orlando García Mascorro, padre del gobernador, y Jovita Morín Flores, quien se desempeñó como contralora municipal de Monterrey y es militante del Partido Acción Nacional (PAN).
Acompañada por el senador Alejandro Murat y el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, la morenista explicó que una de las denuncias plantea la existencia de un supuesto mecanismo de desvío y triangulación de dinero público. Según los señalamientos, recursos del gobierno estatal habrían sido canalizados a proveedores que posteriormente transfirieron cantidades a despachos vinculados con familiares de Samuel García.
El monto de las operaciones señaladas asciende aproximadamente a 7 mil 200 millones de pesos. Entre los posibles delitos mencionados se encuentran peculado, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La segunda denuncia está dirigida contra Adrián de la Garza y se relaciona con un contrato firmado con la empresa Next Energy para la construcción de un parque solar. Morena sostiene que el acuerdo habría representado un daño económico cercano a los 7 mil 370 millones de pesos para el municipio de Monterrey.
Flores también expuso presuntas irregularidades en contratos por 110 millones de pesos otorgados durante la administración estatal a compañías sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, por supuestos vínculos con el crimen organizado.
Ante estos hechos, solicitó investigar posibles conflictos de intereses, identificar a los funcionarios que autorizaron los acuerdos y verificar que los servicios contratados se hayan prestado y que los pagos estén debidamente justificados.
Asimismo, pidió la intervención del SAT, la CNBV, la UIF y la Auditoría Superior de la Federación, entre otras instancias, para rastrear el origen y destino del dinero, así como identificar a sus posibles beneficiarios.
La coordinadora de Morena sostuvo que las denuncias buscan esclarecer el uso de los recursos públicos y determinar si hubo responsabilidades. Subrayó que la presentación de acusaciones no significa que las personas señaladas sean culpables, por lo que corresponderá a las autoridades investigar y establecer si existieron delitos.
