La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el desempeño de quienes encabezaron las autoridades electorales en administraciones anteriores y solicitó revisar los contratos relacionados con la fabricación y distribución de materiales utilizados durante los comicios, al señalar que dos empresas habrían concentrado este mercado durante más de dos décadas.
Durante su conferencia matutina de este miércoles 4 de noviembre, la mandataria dirigió sus críticas a Luis Carlos Ugalde, quien presidió el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) de 2003 a 2007, y a Lorenzo Córdova, titular del Instituto Nacional Electoral (INE) entre 2014 y 2023.
Al referirse a las elecciones presidenciales de 2006, Sheinbaum sostuvo que los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón fraguaron un fraude electoral y señaló a Ugalde como responsable de ejecutarlo. Además, cuestionó que el exfuncionario emita opiniones sobre democracia y puso en duda su autoridad moral para hacerlo.
En cuanto a Córdova, la presidenta reprochó que durante su gestión no se frenara la concentración de contratos en dos compañías dedicadas a producir materiales electorales, entre ellos urnas y mamparas. Según sus señalamientos, estas empresas han mantenido una posición dominante en las adquisiciones del sistema electoral durante más de 20 años.
Sheinbaum relacionó esta situación con la reforma electoral de 2014, que otorgó al Consejo General del INE la facultad de designar a las consejerías de los organismos electorales locales. Como ejemplo, mencionó el nombramiento de Guadalupe Taddei como consejera electoral de Sonora, aprobado cuando Córdova presidía el instituto.
La mandataria pidió que las revisiones no se limiten a la administración más reciente del organismo, sino que comprendan los antecedentes de las contrataciones y las decisiones que permitieron la permanencia de los mismos proveedores.
Por ello, solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que desarrolla un estudio histórico de las adquisiciones del IFE, INE y los organismos públicos locales electorales entre 2000 y 2025, además de una auditoría integral al instituto.
El objetivo de estas revisiones será identificar posibles irregularidades, conocer cómo se asignaron los contratos y determinar si existieron responsabilidades en las distintas administraciones.
