Por Redacción Contra Réplica

Poder Judicial de San Luis Potosí ofrecerá campañas de salud y prevención para sus trabajadores

El convenio firmado con los Servicios de Salud contempla jornadas de vacunación, detección de enfermedades, atención a la salud mental y asesoría para habilitar un consultorio preventivo y fortalecer una sala de lactancia.

El personal del Poder Judicial de San Luis Potosí tendrá acceso a nuevas acciones de prevención y atención sanitaria, luego de que la institución formalizara un convenio de colaboración con los Servicios de Salud estatales para impulsar entornos laborales más saludables.

El acuerdo establece la realización de hasta dos campañas integrales de salud cada año, en las que podrán ofrecerse servicios de vacunación, medición de glucosa y presión arterial, detección de enfermedades crónicas, orientación nutricional y actividades para prevenir distintos tipos de cáncer.

También se incorporarán acciones de promoción de la salud mental y recomendaciones para adoptar hábitos que favorezcan el bienestar físico y emocional. Las actividades estarán dirigidas principalmente a trabajadores judiciales, aunque podrán extenderse a usuarios de las instalaciones cuando las condiciones lo permitan.

El documento fue suscrito por la magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios de Salud. La secretaria de Salud, Leticia Mariana Gómez Ordaz, participó como testigo de honor.

Como parte de la colaboración, las instituciones podrán gestionar asesoría especializada para habilitar un consultorio de medicina preventiva y mejorar el funcionamiento de una sala de lactancia materna, de acuerdo con la normativa y los recursos disponibles.

El convenio establece que la participación en estas actividades será voluntaria y que deberá garantizarse la protección de los datos personales de quienes reciban los servicios.

Con esta alianza, ambas dependencias buscan incorporar la prevención y el autocuidado a las condiciones laborales del Poder Judicial, mediante programas de orientación y atención coordinados entre instituciones.