Mientras la ciudadanía padece el desabasto de agua, durante las dos administraciones del presidente municipal de la capital, Enrique Galindo Ceballos, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) ha encontrado hallazgos significativos por volúmenes pagados en exceso en la contratación de pipas particulares para el reparto de agua a la población. En la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal 2024 se observaron 74 millones de pesos que, a la fecha, la comuna capitalina no ha podido solventar, reveló el auditor superior estatal, Rodrigo Joaquín Lecourtois López.

Detalló que dichas observaciones se derivaron de pagos por la renta de pipas para entregar agua a la población sin que se comprobaran satisfactoriamente, ya que las unidades no cuentan con los controles volumétricos necesarios ni existe evidencia material de que el vital líquido haya sido realmente entregado.

Lecourtois López mencionó que se trata de un tema muy sensible, ante el cual existe mucho descontento porque las familias están duplicando el pago de un servicio: por un lado, el recibo normal de Interapas y, por otro, el costo particular de una pipa que deben contratar si quieren tener agua, debido a que el servicio gratuito no llega.

“Es un tema muy sensible que el Instituto ha observado de manera recurrente y no se ha logrado solventar. No entregaron comprobaciones de un servicio que fue puntualmente pagado y continúa pagándose, por lo que se encuentra en investigación. Es una observación que año con año se repite y hemos exhortado al ente para que entregue la documentación que hace falta para comprobar que el agua realmente llegó a los domicilios. Si la empresa no te cumplió una vez, ¿para qué le sigues pagando?”, expresó el titular del IFSE.

A pregunta expresa, Rodrigo Lecourtois manifestó que se trata de un problema de planeación en materia hídrica que involucra otro problema de corrupción previa, relacionado con El Realito, y una empresa contratada en ejercicios anteriores, a la que el gobierno quedó obligado durante 20 años por un servicio que no recibe y que el organismo operador tampoco resuelve.

Asimismo, se refirió a los proveedores del servicio y señaló que se pedirá aclarar las observaciones sobre presunto daño patrimonial y desvío de recursos por irregularidades detectadas en licitaciones que pudieron ser simuladas y contratadas a sobrecosto.

“Interapas gasta hasta 70 millones de pesos anualmente por la renta de pipas sin realmente garantizar el derecho constitucional de los ciudadanos al agua potable”, concluyó Rodrigo Lecourtois.