Durante dos días consecutivos la diputada Gabriela Martínez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género en el Congreso del Estado ha sido cuestionada por las funciones en su cargo y sobre si debe seguir en él, esto tras ser acusada de conflicto de intereses.

Todo deriva de lo siguiente: durante el proceso electoral el año pasado, un medio de comunicación realizó una entrevista a un candidato, durante la plática el entrevistador y el candidato mencionaron a una periodista y la violentaron verbalmente, hicieron cometarios misóginos y degradantes por la labor que ejercía.

La periodista afectada puso una denuncia que a la fecha sigue vigente y que en el Congreso del Estado también tuvo injerencia luego de que la diputada presidenta de la Comisión de DDHH apareciera en la página de su esposo en una fotografía con el supuesto agresor.

Gabriela se defendió y pidió que le dejaran hacer su labor como legisladora. ¿Pero cuál? Si incluso la legisladora no ha estado presente en las conformaciones del mecanismo de protección a periodistas, y no por otra cosa sino por estar vacaciones.

En septiembre del año pasado, cuando tomó protesta, la diputada prometió que cumpliría una agenda cercana a los ciudadanos, de género y con prioridad en las mujeres, incluso aseguró que ayudaría a solucionar el problema del agua.

Lo cierto es que estamos en enero del 2022 y la diputada no ha cumplido con la agenda que ella mismo se propuso, lamentablemente para ella lo más notable hasta el momento ha sido el enfrentamiento que le hizo valientemente la periodista el pasado miércoles durante la sesión de la comisión que ella preside.

Entre la defensa de la diputada existen los siguientes argumentos: que la fotografía fue subida  a la red social de su esposo y no a la de ella y que además, ella no puede juzgar al supuesto agresor porque aún no hay resolución sobre el tema.

Al llamado, ayer jueves se sumaron más periodistas que le cuestionaron entonces el que su esposo, José Luis Romero “tekmol” -exdiputado que muchos recordarán por sus bailes durante las sesiones, peleas con los taxistas, tomarse fotos semidesnudo y publicarlas durante su periodo como legislador o ser acusado de huachicolero- no la tome en cuenta por su cargo público antes de hacer sus publicaciones.

Gabriela respondió que no la juzguen a ella por lo que su marido publica. Quizá fuera así, quizá si los dos no fueran personas públicas, sino no estuvieran expuestas al escrutinio de la sociedad, pero ellos buscaron esos cargos y ahora la sociedad lo único que les exige con todo el derecho es que los desempeñen correctamente.

La periodista afectada, lo único que pide es respuesta a la petición que ella hace y le cuestiona cómo podrá resolver el tema si aparece tomando café con su agresor.

Por ello, la petición de la reportera y el medio en el que trabaja, a la que se suma parte del gremio y nos incluimos, es que sea destituida de su cargo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género, porque al menos los derechos de los periodistas no serán respetados si estos actos siguen ocurriendo, si además la pareja de la diputada, persona pública, ha insultado a reporteros, que solo ejercer su labor.

En la pasada legislatura la denuncia de la reportera no ha tenido seguimiento, y ahora, el temor es que siga estancada por quien preside esa comisión.

Por su parte integrantes de la Jucopo en el Congreso se sumaron y consideraron posible la destitución de su compañera diputada, siempre y cuando, existan peticiones formales por parte del gremio afectado.